Ante la creciente radicalización del conflicto social y político que vive Bolivia, agravado por los bloqueos de carreteras y la paralización progresiva del país, el Gobierno Nacional enfrenta el enorme desafío de restablecer el orden público sin provocar una espiral de violencia que termine profundizando aún más la fractura nacional.
La convocatoria al diálogo realizada por el presidente constitucional de Bolivia, Rodrigo Paz, constituye el camino democrático e institucional más adecuado para alcanzar una solución consensuada. Sin embargo, si algunos sectores movilizados mantienen una posición de intransigencia absoluta y rechazan cualquier posibilidad de negociación, el Estado no puede permanecer indefinidamente paralizado mientras la economía nacional, el abastecimiento y la convivencia ciudadana continúan deteriorándose.
En ese contexto, el Gobierno tiene la obligación constitucional de garantizar la libre circulación, preservar la seguridad de la población y evitar el colapso institucional. Una de las herramientas previstas por el ordenamiento jurídico es la declaratoria de estado de excepción, medida extraordinaria que permitiría la intervención coordinada de la Policía y las Fuerzas Armadas para restablecer el tránsito y recuperar el control territorial del país.
Sin embargo, cualquier intervención coercitiva interna implica riesgos elevados de confrontación, violencia y posibles pérdidas humanas.
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Por ello, antes de llegar a un escenario de represión directa entre bolivianos, podría considerarse una alternativa excepcional de carácter internacional y humanitario: solicitar el acompañamiento, mediación o eventual presencia de organismos multilaterales, particularmente de las Naciones Unidas, con el propósito de garantizar imparcialidad, supervisión internacional y protección de los derechos humanos.
La participación de observadores o mecanismos de pacificación auspiciados por la ONU podría contribuir a disminuir la tensión política, generar confianza entre las partes y evitar que el conflicto derive en hechos irreparables. No se trataría de una renuncia a la soberanía nacional, sino de una medida extraordinaria orientada exclusivamente a preservar la paz social, proteger la democracia y evitar el derramamiento de sangre entre compatriotas.
Bolivia necesita hoy más serenidad que confrontación, más responsabilidad que cálculo político y más visión de Estado que intereses sectoriales. Ninguna causa social o política puede justificar que el país avance hacia escenarios de violencia que después resulten imposibles de reparar.
La prioridad nacional debe ser detener la escalada del conflicto, reconstruir canales de entendimiento y garantizar una salida democrática, pacífica e institucional a la crisis.
Fernando Crespo Lijeron