Identidad, resentimiento y simulacro del poder en Bolivia
Fernando Untoja
Durante veinte años, el discurso de la inclusión en Bolivia no abolió las jerarquías del poder: simplemente las recubrió con símbolos étnicos. La supuesta “participación indígena” en el Estado terminó funcionando muchas veces como una escenografía legitimadora detrás de la cual continuaron operando las viejas redes de tecnócratas, burócratas, operadores partidarios y grupos de interés. El problema no es que existan ministros indígenas, aymara o campesinos; el problema es convertir el origen en credencial política y en sustituto de la competencia histórica, técnica y estratégica.
Aquí aparece una crítica profundamente radical: la política de inclusión se transforma en una moral del victimismo. El poder ya no se legitima por la grandeza, la capacidad creadora o la afirmación de una visión superior del Estado, sino por la exhibición del sufrimiento histórico convertido en capital político. La víctima se vuelve argumento de autoridad. Y entonces la política degenera en una economía moral del resentimiento.
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Friedrich Nietzsche habría visto en esto una inversión de valores: ya no asciende quien demuestra fuerza creadora, disciplina intelectual o capacidad de organización, sino quien puede representar simbólicamente una identidad considerada “oprimida”. El mérito desaparece detrás de la teatralización moral del origen.
Pero incluso la retórica de la “meritocracia” resulta insuficiente. Porque en sociedades como la boliviana el acceso al poder rara vez depende exclusivamente del mérito. Lo decisivo suele ser el capital social: redes partidarias, lealtades corporativas, alianzas familiares, clientelas, padrinazgos y conexiones internas. La inclusión étnica no destruyó esas estructuras; simplemente las maquilló. El resultado es un simulacro doble: se habla de emancipación popular mientras las estructuras reales de dominación permanecen intactas.
Por eso, presentar constantemente a un ministro como “el indígena”, “el aymara”, “el campesino” o “el hombre del pueblo” termina siendo profundamente feudal. El individuo deja de existir como singularidad competente y vuelve a ser reducido a pertenencia comunitaria. Ya no importa lo que sabe hacer, sino el grupo que representa. El Estado se convierte así en una repartición de símbolos corporativos y no en una organización racional de capacidades.
En el fondo, esto conserva la lógica colonial bajo otro lenguaje. Antes se excluía por origen; ahora se instrumentaliza el origen como legitimación. En ambos casos, el individuo queda subordinado a categorías colectivas. El discurso cambia, pero la estructura mental permanece: la persona no vale por su potencia creadora sino por la identidad que porta.
La consecuencia es grave para el funcionamiento estatal. Un gobierno moderno no necesita funcionarios escogidos por criterios raciales, étnicos o morales, sino personas capaces de comprender la complejidad de la sociedad contemporánea: economía, administración, tecnología, producción, geopolítica, instituciones, conflicto social y gestión estratégica. Gobernar no es representar identidades; es organizar fuerzas reales.
Un verdadero estadista no puede limitarse a administrar símbolos de inclusión. Debe comprender cómo funciona la gran empresa estatal, cómo opera la empresa privada, cómo se produce riqueza, cómo circula el capital, cómo se articula el territorio y cómo se construye autoridad institucional. Sin esa comprensión, el Estado queda reducido a propaganda identitaria y reparto corporativo de cargos.
La tragedia es que el discurso inclusivo terminó muchas veces degradando precisamente aquello que decía defender. En lugar de producir una nueva élite dirigente capaz de transformar el Estado, consolidó una burocracia de legitimación étnica subordinada a operadores políticos y tecnocráticos más experimentados. La inclusión se volvió decorativa. Y cuando la representación simbólica reemplaza a la capacidad histórica, el poder se vacía de contenido creador.
Desde nuestra mirada, esto expresa la decadencia de una cultura política incapaz de producir excelencia. Una sociedad fuerte no selecciona dirigentes por compasión, culpa histórica o teatralización moral, sino por potencia organizadora, inteligencia estratégica y capacidad de crear orden. Cuando la política se convierte en administración del resentimiento, el Estado deja de producir grandeza y comienza a administrar decadencia.