Verónica Ormachea G.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz es víctima de una insurrección popular orquestada y subvencionada por el expresidente Evo Morales que está torpedeando el proceso democrático.
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Evo Morales pretende retomar el poder, entre otros, para mantener su impunidad, ya que tiene procesos penales y es un prófugo de la justicia.
El dirigente cocalero lo confirmó, ya que reveló: “La única forma de resolver esto es convocar en 90 días a elecciones”.
Sindicalistas, campesinos y mineros tienen bloqueadas las carreteras del país hace 21 días y piden la renuncia del presidente Paz Pereira, que fue constitucionalmente elegido por los bolivianos y que asumió la presidencia hace apenas seis meses. Es una petición política absurda sin sustento.
También protestan por el alto costo de la gasolina y el diésel -que ahora no hay- y que están contaminados. Los carburantes sucios han echado a perder los motores de los automóviles de miles de bolivianos. Aquel perjuicio ha sido heredado del anterior gobierno.
Y, los perjudicados del caos reinante, son los bolivianos, principalmente los habitantes de la ciudad de La Paz, sede de gobierno, que está incomunicada y asediada.
Hay escasez de alimentos, medicamentos y reina la especulación. Los precios de los contados productos de primera necesidad son altísimos.
Es tal la situación que el gobierno argentino ha creado un puente aéreo humanitario y está enviando comida a Bolivia. Y, los bolivianos que viven en otros departamentos envían alimentos a sus familiares que viven en La Paz, por vía aérea.
Los marchistas se oponen a conversar y han optado por un vandalismo sin límite que tiene atemorizada a la población. Todo esto ha provocado decenas de detenidos y heridos.
Tres personas fallecieron porque los bloqueadores no permitieron a las ambulancias pasar. Esto es imperdonable.
Si bien el presidente Paz Pereira siempre estuvo dispuesto a dialogar, esta vez dijo: “No voy a dialogar con vándalos” y señaló que las puertas están abiertas para “los que respeten la democracia”. Afirmó que conformará un consejo económico y social para discutir distintos temas con organizaciones sociales. También dijo que el país no requiere una ley antibloqueos, sino dialogar y que reordenará el gabinete ministerial.
Esto significa que los bloqueos y los marchistas continuarán y los bolivianos vivirán en incertidumbre y escasez en medio de una inflación insostenible. ¿Cuánto tiempo resistirá la población?
¿Cómo se entiende que miles de bolivianos que viven al día puedan salir a bloquear y marchar durante semanas sin trabajar? ¿Quién los alimenta? ¿Dónde duermen?
El diputado Edgar Zegarra de Alianza Libre, denunció que está en curso un golpe de Estado promovido por el narcoterrorismo desde el Chapare”, bastión de Evo Morales.
Dicha autoridad presentó como testigo a Brayan Cuba, quién declaró que le ofrecieron entre Bs. 300 y 500 al día por participar en bloqueos y marchas. Otros sindicatos, multan a sus afiliados si no participan. Desgraciadamente, las pérdidas para el país y los bolivianos son millonarias.
La pregunta del millón es ¿por qué el gobierno no detiene a Evo Morales si está acusado de trata y tráfico de personas, de terrorismo, de sedición y atentados contra el Estado y el gobierno actual lo sindica de promover esta insurrección?
Morales vive en la clandestinidad en la zona selvática del Chapare, un sitio donde es difícil que las fuerzas del orden puedan ingresar. Sus seguidores viven allí y lo protegen. Es un feudo que se ha convertido en un poder dentro de otro. Es el centro de cultivos de coca ilegal más grande del país. Él permite que sus seguidores ganen dinero rápido y fácil con las plantaciones ilegales. Allí tiene un ejército de partidarios y dinero que le sirven en casos como el actual: amedrentar a la población y derrocar al poder establecido.
Durante los 20 años que gobernó el Movimiento al Socialismo (MAS), se extendieron las plantaciones de hoja de coca. Originalmente, eran cerca de 3.000 hectáreas ilegales, pero Morales luego permitió que lleguen a 70.000. Evo echó a la DEA de Bolivia y modificó la Ley 1008 de Sustancias Controladas a su conveniencia.
Según la ONU, el 95% de la coca del Chapare, se extrae para producir cocaína. Dicha hoja de coca no es apreciada para la masticación tradicional, lo cual ha sido aceptado por Morales. Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador son los mayores productores de hoja de coca en el mundo.
Evo pretende poseer el poder ya sea en el gobierno o en la oposición y ahora está desesperado por retomar la presidencia.
Fue durante 14 años presidente constitucional y cuando estuvo en la oposición se encargó de desestabilizar a los gobiernos de turno. Incluso lo hizo con su sucesor masista Luis Arce y ahora con el presidente Rodrigo Paz.
El hecho es que a pesar de que el gobierno está dispuesto a dialogar, los desestabilizadores
se oponen y siguen los enfrentamientos con la policía. Incluso han aumentado los puntos de bloqueo.
El gobierno de Paz Pereira ha recibido apoyo de otros gobiernos. El secretario de Estado Marco Rubio señaló que EE.UU lo respalda. Advirtió que no permitirán que “criminales y traficantes de drogas derroquen a líderes elegidos democráticamente en el hemisferio”.
El presidente colombiano Gustavo Petro cometió el error de decir que la insurrección popular en Bolivia responde a la “soberbia política”. Dichas declaraciones provocaron que el gobierno boliviano expulse a su embajadora.
Los dirigentes sindicales y los desestabilizadores deben ser procesados por sedición. Y, ya es hora que el vicepresidente Edmand Lara, lime sus diferencias con el presidente Paz Pereira y lo apoye.
Paz Pereira debería poner orden y aplicar la Constitución Política del Estado con el fin de garantizar la seguridad y bienestar de los bolivianos.