Basta.
Bolivia no puede seguir siendo estrangulada cada vez que un grupo político pretende recuperar el poder mediante el bloqueo y la confrontación.
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Lo que hoy atraviesa el país dejó hace tiempo de ser una simple protesta social. En La Paz escasean alimentos, se dificulta el traslado de enfermos y medicamentos y miles de ciudadanos ven alterada su vida cotidiana por una conflictividad que ya no busca soluciones, sino paralizar y amedrentar a la sociedad.
Y esa ruptura ya tiene víctimas.
Una mujer murió sin poder recibir atención médica debido a los bloqueos. Un policía perdió la vida en medio de los enfrentamientos. Y un niño sufrió la amputación de cuatro dedos por la explosión de un artefacto.
¿Hasta dónde piensan llevar al país?
Porque una cosa es protestar dentro de la democracia y otra muy distinta es intentar paralizar Bolivia para forzar la caída anticipada de un gobierno constitucionalmente establecido.
Se podrá haber eliminado el término sedición de la legislación boliviana, pero no la realidad política que históricamente describía.
No están luchando por el pueblo. Están utilizando el sufrimiento de la población como instrumento de presión política.
Ya no hay disimulo que valga. Es evidente que detrás de esta conflictividad existe conducción política. Hay sectores que no aceptan haber perdido el control del Estado y que ahora buscan recuperarlo mediante presión permanente sobre un gobierno más inclinado al diálogo que al ejercicio firme de la autoridad, mientras la sociedad permanece inerme.
Por eso ya no es suficiente con hablar de “movilizaciones”. Lo que está en marcha es un intento deliberado de imponer la idea de que quien bloquea y paraliza tiene derecho a romper el orden democrático.
Y eso es inaceptable.
En boca de los propios gobernantes se ha dicho que el principal instigador de este levantamiento es Evo Morales.
Estamos hablando de un prófugo de la justicia. Entonces, ¿por qué el Estado no logra ejecutar órdenes de aprehensión en el Chapare? ¿Por qué una región entera parece haberse convertido en un territorio políticamente intocable?
El problema ya no es solamente la persona. El problema es que se alimenta la percepción de que existen espacios donde el Estado dejó de ejercer plenamente su autoridad y su soberanía. Además, se trata de una región que desde hace años ha sido vinculada al narcotráfico y a economías ilícitas protegidas alrededor del poder cocalero.
A esto se suma el dato reciente de que el viceministro encargado de la lucha contra el narcotráfico se encuentra actualmente en Estados Unidos y que ha anunciado el retorno de la DEA y la instalación de una oficina de esa agencia antinarcóticos en Bolivia.
Es evidente que eso ha generado nerviosismo.
Durante años se expulsó a la DEA y se hizo del enfrentamiento con Estados Unidos un emblema político. Hoy, la posibilidad de reactivar mecanismos de cooperación internacional en la lucha antidrogas preocupa precisamente a quienes construyeron poder territorial y económico alrededor de la coca y de actividades ilegales que nadie se anima a discutir con honestidad.
Por eso sería un grave error minimizar lo que está ocurriendo.
Hoy no está en juego solamente un gobierno. Está en juego la capacidad misma del Estado para preservar autoridad y evitar que la fuerza termine desplazando a la ley.
Ya no caben eufemismos.
Más allá de cualquier crítica a la gestión gubernamental -que hemos hecho en su momento- nada justifica romper el orden constitucional para intentar forzar un cambio antidemocrático de gobierno.
No se puede aceptar que el hambre de una ciudad, la paralización del país y la violencia se conviertan en instrumentos de la ambición de volver al poder y garantizar nuevamente impunidad.
Esta es una intención malsana y censurable, a la que ninguna persona honesta debería prestarse. Lo que buscan -en su perversa lógica- es que se derrame sangre para convertirla en bandera.
Pero ninguna causa vale la muerte de una persona. Ninguna causa vale la mutilación de un niño.
Hay límites que una democracia no puede seguir tolerando.