La entidad explicó que sus funciones se limitan al control y fiscalización de mercancías para exportación, mientras que la prevención e interdicción del narcotráfico corresponde a la unidad policial.
Tras conocerse la incautación de cargamentos de madera boliviana con presencia de sustancias controladas en el puerto de Arica, en Chile, la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) afirmó este miércoles que sus competencias están enfocadas «exclusivamente en el control y fiscalización de mercancías», mientras que la lucha contra el narcotráfico corresponde a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).
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La institución señaló que, de acuerdo con la Ley General de Aduanas (Ley 1990) y su Reglamento, su labor se concentra en la verificación documental y física de mercancías, el control aduanero, la clasificación arancelaria y el cumplimiento de los requisitos exigidos para las operaciones de exportación e importación.
En ese marco, precisó que la detección, prevención e interdicción del tráfico ilícito de sustancias controladas son atribuciones exclusivas de la Felcn, conforme a lo establecido en la Ley 913 de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas.
Respecto a las exportaciones de productos forestales, la Aduana recordó que los operadores deben presentar una serie de documentos emitidos por entidades competentes antes de registrar sus declaraciones de exportación. Entre ellos figuran el Certificado Forestal de Origen (CFO), otorgado por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT); el Certificado Fitosanitario de Exportación, emitido por el Senasag; y, cuando corresponde, el Certificado Cites para especies reguladas.
La entidad estatal indicó que estos requisitos forman parte del proceso previo a la exportación y son verificados mediante el Sistema Único de Modernización Aduanera (SUMA), a través del cual se registran las operaciones de comercio exterior.
En ese sentido, el presidente de la Aduana Nacional, Alberto Soto de la Vía, consideró la importancia de fortalecer la coordinación entre instituciones nacionales e instancias internacionales para enfrentar las nuevas modalidades utilizadas por organizaciones criminales vinculadas al tráfico ilícito.