Existe coincidencia en que Bolivia atraviesa uno de los momentos más delicados desde el retorno a la democracia. Mientras unos demandan restablecer la autoridad del Estado, hay otros que apuestan por el diálogo.
En Caranavi la población salió a las calles para pedir el fin de los bloqueos. Foto: El Deber
La prolongación de los bloqueos, las pérdidas económicas, el desabastecimiento de combustibles y alimentos, la violencia en las carreteras y la creciente polarización política generan una coincidencia cada vez más amplia sobre la gravedad del momento que atraviesa el país; por ello, analistas, líderes políticos e instituciones advierten que Bolivia se acerca a un punto crítico y que la búsqueda de soluciones ya no puede postergarse.
Las preocupaciones no son idénticas ni las propuestas coinciden plenamente, pero existe un diagnóstico compartido: el conflicto ha dejado de ser un problema sectorial para convertirse en una amenaza para la estabilidad institucional, la economía y la convivencia democrática.
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Uno de los llamados más significativos provino del periodista y analista Andrés Gómez Vela, quien sostuvo que ‘es tiempo de que la mayoría silenciosa hable’, en referencia a millones de ciudadanos que padecen las consecuencias de la crisis sin participar directamente en la confrontación política. Su reflexión apunta a la necesidad de que la sociedad exprese una posición activa frente a un escenario marcado por la radicalización de discursos y medidas de presión.
“Si somos mayoría, ¿por qué no incidimos en las decisiones públicas? Sencillo: Porque estamos desorganizados, pregunta y responde el también abogado, para luego puntualizar que, “mientras las minorías organizadas imponen su agenda, la mayoría permanece dispersa. Esa es nuestra verdadera orfandad política. Nuestro silencio está permitiendo que la crisis avance peligrosamente hacia un punto de no retorno”.
El bloqueo en San Julián, Santa Cruz, podría ser resuelto este lunes tras 19 días. Foto: El Deber
Desde una perspectiva más orientada a la recuperación del orden institucional, el senador Branko Marinković afirmó que ‘el país ya no aguanta’ y pidió al Gobierno evaluar mecanismos extraordinarios para restablecer la circulación y garantizar la presencia del Estado en todo el territorio. “Si es necesario, van a tener que dictar el estado de excepción, es una medida de último recurso. El país ya no aguanta más de esto”, señaló.
En la misma línea, analistas como Jaime Navarro Tardío y Carlos Ibáñez advirtieron sobre el riesgo de que la prolongación de los bloqueos termine por erosionar la autoridad estatal y agravar los daños económicos y sociales. “El tiempo, efectivamente, se agota. Y con él también se agota la paciencia de una ciudadanía que exige volver a la normalidad, recuperar el abastecimiento y preservar la estabilidad democrática”, afirma Navarro.
“Bolivia no puede permanecer indefinidamente sitiada. Ninguna democracia puede aceptar que millones de ciudadanos queden rehenes de decisiones adoptadas por grupos que pretenden imponer objetivos políticos mediante el bloqueo prolongado de carreteras y el aislamiento de las ciudades”, añade el exdiputado Jaime Navarro.
La ruta Oruro – Cochabamba también está bloqueada. Foto: Erbol
Ibáñez apunta a los partidos con representación legislativa y demanda un acuerdo de gobernabilidad real, para articular una mayoría legislativa que endurezca las sanciones contra bloqueos violentos y respalde las decisiones que el Ejecutivo necesita tomar. “La oposición democrática no puede permitirse la comodidad mientras Bolivia se hunde. Gobernar bajo asedio exige que todas las instituciones respondan”, cuestiona.
Sin embargo, frente a las posiciones que demandan acciones más firmes, también surgen posiciones enfocadas en la construcción de consensos. Por ejemplo, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé exhortó a recuperar la convivencia democrática, suspender los bloqueos y restablecer espacios de diálogo como condición indispensable para superar la crisis; asimismo, «rechazar actitudes que solo multiplican los daños a la población y pueden dar paso a mayor violencia”, señaló.
Una postura similar fue asumida por la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) y la Defensoría del Pueblo, que convocaron a sustituir ‘la ofensa por la propuesta’ y a privilegiar los mecanismos de entendimiento antes que la confrontación.
En La Paz y El Alto ya van 32 días de bloqueos y protestas. Foto: Red Uno
El diputado y constitucionalista Carlos Alarcón planteó que el país debe evaluar mecanismos previstos en el orden democrático para resolver el conflicto sin recurrir a la presión de las calles ni a la ruptura institucional. El diputado sostuvo que “la autoridad que ha sido colocada por el voto sólo debe ser removida de su cargo por voto”.
Alarcón advirtió que Bolivia se encuentra en un ‘callejón sin salida’ marcado por bloqueos indefinidos, daños económicos y vulneración de derechos fundamentales, y señaló que cualquier solución debe preservar el orden constitucional y democrático.
Mientras el conflicto ingresa a un segundo mes sin señales claras de resolución, las propuestas comienzan a multiplicarse. Algunas apuestan por fortalecer la autoridad del Estado, otras por reconstruir el diálogo y aquellas que buscan activar mecanismos constitucionales que permitan canalizar democráticamente la crisis.
Largas filas por combustible son el panorama diario en La Paz.
El común denominador de estas posiciones es la creciente percepción de que el tiempo político se acorta y que Bolivia necesita encontrar una salida antes de que los costos económicos, sociales e institucionales se vuelvan aún más difíciles de revertir.
