Pero no solo a Morales apuntaron los legisladores por las protestas, también exigieron investigar y llevar a juicio al senador suplente de la alianza Unidad, Nilton Condori, al ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) Mario Argollo y al dirigente de la Federación Departamental de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar, por impulsar el bloqueo de caminos.
Por eju.tv / La Paz /
Reunidos en la ciudad de Santa Cruz, los presidente de siete de las nueve brigadas parlamentarias exigieron este lunes la militarización del Chapare, en el departamento de Cochabamba, la aprehensión de Evo Morales y la renuncia del defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, por su nulo accionar durante los 50 días de bloqueo de la Central Obrera Boliviana (COB).
Se trata de dos de los 12 puntos asumidos por los legisladores, tras los 50 días de bloqueo en el país y la declaración del estado de excepción por el Gobierno nacional.
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“Exhortar a las instituciones encargadas de la administración de justicia y del mantenimiento del orden público a garantizar la aplicación efectiva de la ley y respeto al Estado de derecho y plena vigencia del principio de igualdad de todas las personas ante la ley, por lo cual se solicita a los entes encarados de la seguridad y administración de justicia la intervención y militarización inmediata de la localidad del Chapare, perteneciente al departamento de Cochabamba, con la finalidad de evitar nuevos levantamientos y sedición al Estado”, refiere el punto cuatro del documento firmado por los legisladores.
Además, exigen a las autoridades jurisdiccionales, fiscales y policiales competentes al cumplimiento efectivo de las actuaciones judiciales y fiscales vigentes respecto a la aprehensión del expresidente Morales en estricto apego a la Constitución Política del Estado, las leyes y las resoluciones emitidas por las autoridades competentes.
Señalado como responsable por los 50 días de bloqueo, Morales enfrenta un proceso por trata de personas con agravante debido a la relación que tuvo con una menor el año 2015, con la que habría tenido una hija.
El 11 de mayo, la justicia libró una nueva orden de aprehensión en contra de Morales dentro de esta investigación.
El 18 de mayo, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que el Ministerio Público en Tarija solicitó a la Policía Boliviana un informe detallado sobre las acciones realizadas para ejecutar la orden de aprehensión.
Desde octubre de 2024, Morales permanece oculto y custodiado por sus seguidores en el trópico de Cochabamba. Acusa móviles político en el proceso porque, asegura, no existe víctima.
Pero no solo a Morales apuntaron los legisladores por las protestas, también exigieron investigar y llevar a juicio al senador suplente de la alianza Unidad, Nilton Condori, al ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) Mario Argollo y al dirigente de la Federación Departamental de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar, por impulsar el bloqueo de caminos.
De igual manera, demandaron la indemnización daños económicos provocados por los más de 50 días de bloqueos.
A la par, exigieron la “renuncia inmediata e irrevocable del defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, por falta de acción demostrada durante el periodo de conflictos sociales y bloqueos que afectaron al Estado boliviano y por incumplimiento de deberes”.
Callisaya fue designado como Defensor del Pueblo en una polémica sesión de la Asamblea en septiembre de 2023, porque la mayoría de los legisladores de la oposición optó por ir a participar de los actos conmemorativos de la efeméride cruceña en lugar de quedarse en La Paz, donde se convocó a sesión.