Dos ejecutivos fueron aprehendidos ayer y un tercero cumple detención preventiva en Palmasola. El Ministerio Público los investiga por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Las aprehensiones se produjeron apenas dos días después de que la Justicia enviara al penal de Palmasola, con detención preventiva por seis meses, a Carlos Cuéllar Pinto, gerente de Productos Derivados e Industrialización. Con ello, la investigación ya alcanza a tres altos ejecutivos vinculados a áreas estratégicas de la cadena de suministro de combustibles.
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De acuerdo con las órdenes fiscales, Torrico y Mendoza son investigados por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Ambos fueron trasladados a dependencias policiales para prestar declaración informativa, paso previo a una eventual imputación formal y a la solicitud de medidas cautelares.
La causa es impulsada por la diputada opositora Lissa Claros y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). El objetivo es establecer quiénes participaron en las decisiones relacionadas con el almacenamiento, comercialización y distribución del combustible observado, así como determinar si existieron responsabilidades administrativas o penales dentro de la estatal petrolera.
El caso ya tiene una dimensión económica significativa. Datos oficiales difundidos este lunes muestran que las indemnizaciones pagadas a conductores afectados alcanzan los Bs 85,7 millones. Además, 66.937 vehículos fueron registrados dentro del sistema de reclamos y 27.933 propietarios ya recibieron compensaciones económicas por daños mecánicos atribuidos al combustible distribuido.
Las cifras reflejan la magnitud de uno de los mayores procesos de compensación vinculados a combustibles registrados en Bolivia. Más allá de las responsabilidades individuales, el caso abrió interrogantes sobre los mecanismos de control y supervisión dentro de YPFB en un momento particularmente complejo para la empresa que, además, cambió de presidente ejecutivo en dos ocaciones.
La investigación continúa y no se descarta que alcance a otros niveles de decisión dentro de la petrolera estatal. Mientras tanto, tres ejecutivos ya se encuentran sometidos a procesos judiciales por un caso que combina impacto económico, responsabilidades administrativas y posibles consecuencias penales.
