Sectores campesinos, de la Central Obrera Boliviana (COB) y de seguidores de Evo Morales, han decidido mantener las protestas contra el Gobierno de Rodrigo Paz
Por: eju.tv / Video: Defensoría
«Bolivia atraviesa uno de los momentos de mayor tensión social de los últimos años», advirtió la Defensoría del Pueblo en un comunicado publicado el viernes en el que remarca que «ninguna reivindicación política, social o económica puede situarse por encima del derecho a la vida».
«Después de más de 35 días de conflictividad sostenida, la Defensoría del Pueblo advierte con profunda preocupación que las consecuencias de este conflicto están afectando gravemente a la población, generando dificultades en el acceso a medicamentos, oxígeno medicinal, alimentos, combustibles y servicios de salud, con especial impacto en los sectores más vulnerables», señala el comunicado.
«Ante este escenario, exhortamos tanto a los sectores movilizados como a las autoridades del Estado a generar espacios reales y efectivos de diálogo que permitan una resolución pacífica de la conflictividad. La protección de la vida y la paz social deben constituirse en el objetivo superior de todos los actores involucrados», sostiene.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Sectores campesinos, de la Central Obrera Boliviana (COB) y de seguidores de Evo Morales, han decidido mantener las protestas contra el Gobierno y anunciaron que no van a renunciar a su único pedido: La renuncia del presidente Rodrigo, quien insiste con generar espacios de dialogo.
No obstante, el mandatario boliviano ha advertido este viernes que podría aplicar el estado de excepción dentro del marco legal que franquea la Constitución Política del Estado. La medida surge como respuesta al cerco que asfixia a La Paz y El Alto y deja la falta de alimentos, medicamentos y combustibles.
En esa línea, la Defensoría del Pueblo recordó «a todos los actores que ninguna reivindicación política, social o económica puede situarse por encima del derecho a la vida, la integridad personal y la dignidad humana».
La Defensoría también advirtió sobre el «preocupante escalamiento de la conflictividad, reflejado en la reproducción de discursos de odio, expresiones de intolerancia, agresiones y actos discriminatorios, particularmente contra mujeres de origen indígena»
«Estos hechos profundizan la confrontación y debilitan la convivencia democrática», alertó.
Aprehensiones
La Defensoría del Pueblo también manifestó «su preocupación por las denuncias públicas sobre recientes aprehensiones de dirigentes sociales y exparlamentarias presuntamente realizadas sin la exhibición de mandamiento de aprehensión».
«Corresponde a las autoridades competentes esclarecer estos hechos y garantizar el respeto al debido proceso, las garantías constitucionales y los Derechos Humanos», sostuvo.
«En contextos de alta conflictividad, toda actuación estatal debe caracterizarse por la legalidad, la proporcionalidad y la transparencia, evitando acciones que puedan incrementar la tensión social o generar percepciones de persecución», remarcó.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo «reafirmó» que, en su condición de INDH acreditada con Estatus A, «continuará actuando con independencia, imparcialidad y firmeza, ejercitando sus funciones sin interrupción de ninguna naturaleza, en cualquier situación, colocando en el centro de su accionar la defensa de los derechos humanos, la preservación de la paz social y la protección de la vida de todas y todos los bolivianos».