La Cámara Baja sancionó la norma poco antes de las 06:00 de este domingo, luego de una extensa sesión marcada por posiciones encontradas sobre el alcance de las facultades que tendrá el Estado para responder a situaciones de conmoción interna, amenazas a la seguridad y desastres naturales.
eju.tv / Video: CD
Después de más de trece horas de deliberación, la Cámara de Diputados aprobó la madrugada de este domingo, en sus estaciones en grande y en detalle, el Proyecto de Ley 161/2025-2026 de Regulación de los Estados de Excepción, una norma que desarrolla el artículo 139 de la Constitución Política del Estado y establece los procedimientos, alcances y límites para la declaratoria de medidas excepcionales en situaciones de crisis.
La sesión concluyó poco antes de las 06:00, tras una jornada legislativa que se prolongó durante toda la noche y que estuvo marcada por un intenso debate entre legisladores que respaldaron la iniciativa y parlamentarios que expresaron preocupación por sus posibles efectos en el actual contexto político. La norma en cuestión será remitida al Órgano Ejecutivo para la promulgación correspondiente.
Horas antes, a las 00:05, la norma había sido aprobada en su estación en grande con más de dos tercios de respaldo. Según el reporte de la directiva camaral, obtuvo 86 votos favorables de legisladores presentes y conectados de manera virtual, permitiendo continuar con el tratamiento en detalle hasta su aprobación final.
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El proyecto había sido remitido por la Cámara de Senadores, que lo aprobó el jueves en una extensa sesión, y contó con el respaldo de legisladores de las bancadas de Unidad, Libre, APB-Súmate y parte del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC). Sin embargo, algunos parlamentarios del PDC y de Alianza Popular rechazaron la iniciativa, argumentando que su aprobación podría profundizar la tensión política que atraviesa el país.
Foto: captura de pantalla
La norma establece que un estado de excepción podrá ser declarado mediante Decreto Supremo cuando existan amenazas externas, peligro para la seguridad del Estado, conmoción interna o desastres naturales. Dicho decreto deberá ser remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para su consideración y control constitucional.
Entre los aspectos centrales del proyecto figura la regulación de la actuación coordinada entre la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas. La propuesta mantiene a la Policía como principal responsable de la preservación del orden público, pero habilita la participación extraordinaria de las Fuerzas Armadas cuando se determine una ‘insuficiencia operativa sobreviniente’, es decir, cuando la capacidad de respuesta policial resulte insuficiente para enfrentar una situación que comprometa la seguridad pública o la estabilidad institucional.
El instrumento legal también establece que los estados de excepción tendrán una duración máxima de 90 días y que cualquier ampliación deberá contar con autorización de la Asamblea Legislativa. Asimismo, dispone que el Órgano Ejecutivo deberá presentar un informe posterior sobre las causas que motivaron la declaratoria y el uso de las facultades extraordinarias ejercidas durante su vigencia.
La norma que regula los estados de excepción obtuvo el respaldo mayoritario de los diputados. Foto: CD
Otro de los puntos incorporados en la norma autoriza arrestos temporales de hasta ocho horas por incumplimiento de las disposiciones vigentes durante un estado de excepción, con posterior remisión de los involucrados ante la autoridad competente.
Además, el proyecto contempla patrocinio legal para efectivos policiales, militares y servidores públicos que enfrenten procesos judiciales por actuaciones realizadas durante un estado de excepción. No obstante, excluye expresamente de esa protección los casos vinculados a tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual y otras violaciones graves a los derechos humanos.
La aprobación de la ley se produce en medio de una prolongada crisis nacional marcada por bloqueos de carreteras, conflictos sociales y un intenso debate político sobre las herramientas legales con las que cuenta el Estado para garantizar la circulación, preservar el orden público y proteger la estabilidad institucional.