La historia no se repite, pero rima con una crueldad asombrosa en Bolivia. Hoy, mientras contemplamos un país estrangulado por más de un mes de bloqueos salvajes protagonizados por dirigentes como Argollo de la Central Obrera Boliviana (COB) y David Salazar de los campesinos “Tupac Katari”, la ciudadanía asiste con estupor no solo al colapso de su economía, su salud y su libre locomoción, sino a algo mucho más peligroso: la renuncia voluntaria del Estado a ejercer su función constitucional fundamental frente a una estructura criminal explícita.
Detrás de Argollo y Salazar opera la mano delictiva de Evo Morales Ayma, articulando una red de sabotaje que no responde a reivindicaciones sociales, sino a los intereses fácticos y económicos del narcotráfico. Ante esta flagrante agresión a la seguridad nacional, la respuesta del Poder Ejecutivo nos sitúa ante un escenario que, para quienes conocemos la historia desde las entrañas del poder, resulta trágicamente familiar.
El beneficio de la duda al presidente y la trampa de la negociación
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Es aquí donde debemos analizar con pinzas la postura del presidente Constitucional, Rodrigo Paz. Él asumió el mandato bajo una promesa histórica y solemne: liderar la salida definitiva de la dictadura masista y restaurar la República. Por ello, otorgándole el más sincero beneficio de la duda, me niego a calificar su actual inacción como una claudicación consciente o una traición deliberada. Prefiero interpretarlo como una grave equivocación en su estrategia de negociación.
Creer que se puede contemporizar, dialogar o ensayar repliegues tácticos con un eje delictivo financiado por la economía ilegal para “desgastarlo” políticamente es un error de lectura histórica descomunal. Al suspender selectivamente las órdenes de apremio contra los saboteadores para buscar una paz efímera, el gobierno no está pacificando el país; está alimentando al monstruo que prometió destruir. En la política boliviana, ceder el monopolio de la ley a las corporaciones sindicales del narco-sindicalismo nunca ha sido una estrategia brillante; siempre ha sido la antesala del abismo.
Las grietas del pasado: Cuando el cálculo político engendra tiranías
En octubre de 2003, el gobierno constitucional de Gonzalo Sánchez de Lozada enfrentó un asedio similar. En aquel momento, asumimos la responsabilidad histórica de defender la Constitución Política del Estado y las funciones que la misma norma nos imponía para preservar la integridad de la República. Lamentablemente, la historia demostró lo que ocurre cuando la debilidad institucional y el cálculo político se imponen sobre el deber.
La defección de Carlos Mesa en 2003, disfrazada en su momento de “neutralidad y estrategia de pacificación”, no detuvo la crisis: pavimentó el camino y consolidó las bases para el advenimiento de la dictadura masista que sometió al país por dos décadas y que hoy pretende retornar por la vía del estrangulamiento civil.
El presidente Paz debe mirarse en ese espejo. Un gobierno democrático que no ejerce la fuerza legal del Estado para detener a los operadores del narcotráfico que asfixian a la población, está repitiendo, quizás sin quererlo, la misma receta mesista que destruyó la democracia republicana. La ley no se negocia con quienes buscan destruir el Estado.
Autoridad moral frente a la asimetría jurídica
Es necesario dejarlo claro ante la opinión pública: no escribo estas líneas buscando rédito personal ni intentando pescar en el río revuelto de la crisis actual. No aspiro a prebendas ni a negociaciones bajo la mesa; mi dignidad no tiene precio.
Pero precisamente porque cargo sobre mis hombros el costo de una persecución judicial implacable de más de veinte años por haber cumplido con mi deber constitucional en 2003, tengo la autoridad moral y ética para advertir el desastre hacia el que nos dirigimos. Conozco en carne propia el precio de defender la ley, y por eso me resulta inadmisible la facilidad con la que el poder actual premia con impunidad a quienes destruyen el país bajo las órdenes de Morales Ayma, mientras el aparato judicial nos mantiene proscritos a los que defendimos la institucionalidad.
Conclusión: El peligro del indulto fáctico
La suspensión selectiva de las órdenes de apremio contra Argollo y Salazar es la capitulación fáctica del Estado de derecho ante el crimen organizado. Mientras los ciudadanos de a pie sufren el desabastecimiento de carburantes y alimentos, y los perseguidos políticos de 2003 seguimos bloqueados por una justicia sorda a cualquier revisión, los verdaderos criminales reciben salvoconductos institucionales.
Gobernar no es calcular costos electorales ni ensayar “estrategias de repliegue” frente al narcotráfico; gobernar es aplicar la Constitución. Si el presidente Rodrigo Paz persiste en su errada estrategia de condescendencia con el radicalismo civil y delincuencial, el desenlace será el mismo de hace dos décadas: la entrega definitiva de Bolivia al totalitarismo. Señor presidente, cumpla su promesa de librarnos de la dictadura; en este país, el delito no puede seguir pagando.
Javier Torres Goitia Caballero
Fue ministro de Salud y Deportes de Bolivia