La crisis política y social que vive actualmente Bolivia ha llegado a un punto en el que ya no parece posible seguir postergando decisiones de fondo. Tras más de 40 días de bloqueos, la paciencia de la ciudadanía se agota y la presión sobre el Gobierno aumenta cada día. En los cabildos realizados en distintas ciudades se ha escuchado con fuerza el pedido de declarar un estado de excepción, mientras que en medios de comunicación y redes sociales el tema domina el debate público. Sin embargo, más allá de las consignas y las demandas, corresponde preguntarse si el presidente Rodrigo Paz todavía está en condiciones de aplicar una medida de esa magnitud y obtener los resultados esperados. Después de todo, la política se parece mucho al ajedrez: no basta con mover una pieza, también hay que prever lo que ocurrirá después.
Para muchos, el estado de excepción aparece como una solución rápida, casi milagrosa, capaz de terminar con los problemas de un día para otro. Pero la realidad suele ser más compleja que los deseos colectivos. El conflicto ha crecido más de lo esperado, ha acumulado tensiones sociales, económicas y políticas, y cualquier intervención requiere una capacidad logística, operativa y política considerable. Es razonable pensar que el Gobierno tiene algún plan preparado para este escenario, pero también es evidente que no existe ninguna garantía de que una medida de esta naturaleza salga exactamente como fue pensada. En política, como en el ajedrez, cada movimiento abre nuevas posibilidades, pero también nuevos riesgos.
Si declarar un estado de excepción fuera tan sencillo y tan efectivo como algunos creen, probablemente ya se habría aplicado hace semanas. Las discusiones sobre procedimientos legales, autorizaciones, decretos y competencias institucionales empiezan a sonar más como argumentos para ganar tiempo, que como el verdadero obstáculo. El problema central parece ser otro: un estado de excepción puede contener una crisis temporalmente, reducir la tensión en algunos puntos y recuperar cierto control territorial, pero difícilmente resolverá las causas profundas del conflicto. Bolivia enfrenta una crisis que requiere respuestas políticas más amplias, acuerdos más sólidos y soluciones más definitivas que una medida excepcional.
Mientras tanto, quienes pagan el costo de esta prolongada confrontación son los ciudadanos. La Paz siente con especial fuerza los efectos del aislamiento, el desabastecimiento y la incertidumbre. También sufren las empresas, los pequeños emprendedores, los productores agropecuarios, los transportistas y miles de trabajadores que dependen del movimiento diario de la economía. Cada jornada de bloqueo representa pérdidas económicas, deterioro de la confianza y una sensación creciente de que el país permanece atrapado en una disputa sin salida visible.
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Por eso, la discusión ya no debería limitarse a si corresponde o no declarar un estado de excepción. La pregunta realmente importante es otra: si el Gobierno aplica esa medida y aun así no logra pacificar el país, ¿qué ocurrirá después? En términos políticos, ¿podría tratarse del último gran movimiento de sus fichas para evitar un jaque mate? Pero también existe la posibilidad de que el tablero haya cambiado demasiado y que ya no queden suficientes peones para sostener la partida. Esa es la incógnita que hoy debería preocupar tanto al Gobierno como a todos los bolivianos.
Jorge Tejada Mozo
Comunicador Social