Si algo nos han dejado estas semanas de conflicto, bloqueos, incertidumbre y finalmente un estado de excepción, es la necesidad de reflexionar sobre aquello que realmente importa para el futuro de Bolivia: la defensa de la democracia.
Gobiernos, partidos, liderazgos y proyectos políticos pasan. Las crisis cambian de nombre y de protagonistas. Sin embargo, existe algo que ha logrado mantenerse en el tiempo como una referencia o recurso compartido por la mayoría de los bolivianos: el voto.
Sabemos que las elecciones no resuelven por sí solas los problemas de una sociedad. No eliminan la polarización, no garantizan buenos gobiernos y tampoco sustituyen las políticas públicas necesarias para enfrentar los desafíos económicos y sociales. Pero sí cumplen una función fundamental: permiten que las diferencias se expresen pacíficamente y que las decisiones colectivas se tomen mediante reglas aceptadas por todos.
En distintos momentos de nuestra historia, cuando parecía imposible encontrar acuerdos, aceptamos ir a votar para abrir nuevas etapas. Eso pasó muchas veces y también con las elecciones generales del año pasado, que expresaron con claridad la voluntad ciudadana de un cambio de rumbo político. Más allá de las preferencias partidarias de cada persona, el resultado fue aceptado como la expresión legítima de la soberanía popular.
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Ese es precisamente el poder de las elecciones: ofrecer una salida institucional a los conflictos y además igualar a los bolivianos, porque frente a una urna no existen ciudadanos de primera ni de segunda categoría; el voto de una autoridad vale exactamente lo mismo que el de un trabajador, un estudiante, un productor rural o una persona jubilada.
Por eso resulta preocupante que toda nuestra atención se concentre solo en resolver lo crítico, dejando de lado la necesidad de empezar a recuperar la democracia después de tantos ataques. Debemos enfrentar las crisis. Pero también debemos preguntarnos por qué se repiten y qué debemos cambiar para que no vuelvan a presentarse.
Son muchos los desafíos para enfrentar. La falta de confianza en el árbitro electoral, el debilitamiento de las organizaciones políticas, los conflictos sobre la representación, la judicialización de las decisiones electorales o la desinformación son asuntos que necesitan una seria reflexión. Además, tenemos conciencia de que las normas actuales fueron diseñadas para una realidad política muy distinta a la actual y que, después de más de 15 años de vigencia, necesitan ser revisadas.
No somos los únicos que enfrentamos estos desafíos. Países como Perú, Colombia y Ecuador impulsaron reformas electorales después de períodos de crisis. México fortaleció la autonomía de su organismo electoral durante décadas, convirtiéndolo en una referencia regional sobre independencia electoral. Irlanda incorporó mecanismos de participación ciudadana (asambleas ciudadanas) para debatir cambios institucionales complejos. Cada experiencia es distinta, pero todas nos enseñan que el camino para fortalecer la democracia está antes de que estalle la próxima crisis.
Precisamente por eso resulta valioso que el Informe Final de Observación Electoral de las Elecciones Subnacionales 2026 de la MOE de Fundación Jubileo no se limite a señalar problemas. Sus recomendaciones de corto, mediano y largo plazo muestran que existen caminos concretos para mejorar los procesos electorales, fortalecer al Órgano Electoral y abrir una discusión más amplia sobre el futuro de nuestra democracia.
Bolivia necesita una revisión profunda de su sistema electoral. No se trata de realizar cambios apresurados ni de imponer reformas desde un sector político o desde el OEP. Tampoco de reemplazar unas reglas por otras según las conveniencias del momento. Se trata de abrir un proceso gradual, técnico, participativo y plural que permita identificar qué aspectos funcionan, cuáles deben corregirse y qué instituciones necesitamos para las próximas décadas.
Y esa discusión no puede quedar solamente en manos de especialistas, partidos políticos o autoridades. Debe involucrar a universidades, organizaciones ciudadanas, medios de comunicación, sectores sociales, jóvenes, mujeres, pueblos indígenas y a todos aquellos que entienden que la democracia es una responsabilidad compartida. Y exige que el organismo electoral esté a la altura de estos desafíos, pensando más allá de la administración de elecciones y trabajando por la formación de una ciudadanía capaz de involucrarse activamente en los procesos democráticos.
Quizás hoy sea difícil percibir la urgencia de este debate porque la atención está puesta en los problemas económicos y sociales. Sin embargo, la historia boliviana demuestra que tarde o temprano volveremos a enfrentar crisis que nos llevarán a tomar decisiones políticas trascendentales. Cuando eso ocurra, necesitaremos un OEP más sólido, confiable y legítimo.
No sabemos cómo será Bolivia dentro de cinco años. No sabemos si el país optará por profundizar el rumbo actual o por buscar una alternativa distinta. Lo que sí sabemos es que esa decisión se tomará nuevamente en las urnas. Por eso fortalecer el sistema electoral y al OEP no es una tarea secundaria, es una condición indispensable para reconstruir la democracia. Y el mejor momento para comenzar es ahora.
Sandra Verduguez es comunicadora social.