La administración departamental considera activar mecanismos institucionales para enfrentar los avasallamientos de tierras luego de la quinta invasión registrada en una propiedad productiva de Guarayos. Advierten que están en riesgo 4.000 hectáreas de cultivos de sorgo, maíz y soya.
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“Estamos en el análisis para convocar a una Comisión Agraria Departamental, que es el mecanismo que tiene la institucionalidad democrática para enfrentar y solucionar de fondo estos problemas, y también un Consejo de Seguridad Ciudadana”, señaló la autoridad.
Según Schrupp, el objetivo es que el conflicto sea tratado dentro de los mecanismos previstos por la ley y evitar que hechos similares continúen ocurriendo en zonas productivas del departamento.
La Gobernación considera que la ocupación responde a un patrón recurrente. De acuerdo con la información proporcionada por la entidad, los mismos grupos habrían actuado anteriormente utilizando métodos similares, aprovechando momentos de alta conflictividad para ingresar a predios agrícolas.
“Este predio ha sido por quinta vez invadido por grupos que intentan actuar al margen de la ley. Existen tribunales agroambientales, existe el INRA y otros mecanismos institucionales para resolver cualquier controversia sobre tierras”, afirmó.
La autoridad departamental sostuvo que la invasión se produjo en medio del escenario de inestabilidad generado por los bloqueos de carreteras que afectan al país y calificó la acción como una toma organizada, violenta e ilegal.
Tras conocer los hechos, la Gobernación tomó contacto con la familia propietaria y comenzó coordinaciones con distintas instituciones del Estado para buscar el restablecimiento de la seguridad jurídica y el respeto a la propiedad privada.
Uno de los principales motivos de preocupación es el riesgo que enfrenta la producción agrícola de la zona. Según Schrupp, actualmente existen alrededor de 4.000 hectáreas sembradas con soya, maíz y sorgo correspondientes a la campaña de invierno.
La autoridad recordó que en anteriores ocupaciones los invasores habrían llegado incluso a cosechar cultivos desarrollados por los propietarios, beneficiándose económicamente de una producción que no realizaron.
“Parece un modus operandi ingresar cuando el trabajo ya está hecho y la producción está lista para ser cosechada. Es una situación que se repite y que debe tener una respuesta distinta de parte de la institucionalidad”, afirmó.
Respecto a las demandas que pudieran tener los ocupantes, Schrupp descartó cualquier posibilidad de diálogo bajo presión y sostuvo que ninguna controversia puede resolverse mediante la ocupación de predios o el uso de la violencia.
“No se puede negociar con grupos armados. Un ilícito no puede generar un derecho. Si existen controversias sobre la tierra, existen mecanismos democráticos y legales para resolverlas”, señaló.
Consultado sobre la identidad de los responsables, evitó confirmar si pertenecen a organizaciones interculturales y señaló que corresponde a las instancias competentes determinar quiénes participaron en la toma. Sin embargo, cuestionó que algunos grupos se atribuyan representaciones sectoriales para actuar al margen de la ley.
La Gobernación ratificó que mantendrá una posición firme en defensa del Estado de derecho, la propiedad privada y la producción, y expresó su expectativa de que las instituciones competentes actúen para evitar que los avasallamientos continúen afectando a uno de los principales sectores productivos del departamento.