El canciller Fernando Aramayo reafirmó que la protesta pacífica constituye un derecho humano fundamental y un elemento esencial de toda sociedad democrática; sin embargo, enfatizó que ninguna forma de ejercicio de este derecho puede derivar en actos de violencia, coerción o afectaciones generalizadas a los derechos de terceros.
El ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo, durante su participación virtual en el 62º período de sesiones del Consejo de DDHH de la ONU. Foto: MRE
Por eju.tv / La Paz
El Gobierno nacional denunció en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) las graves afectaciones a los derechos humanos que enfrenta la población como consecuencia del bloqueo de caminos que desde hace 48 días cumple la Central Obrera Boliviana (COB).
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Así lo hizo el ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo, en el diálogo interactivo sobre el Informe Anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el marco del 62º período de sesiones del organismo.
Durante su intervención, Aramayo “expresó la profunda preocupación del Estado boliviano por las graves afectaciones a los derechos humanos que enfrenta la población como consecuencia de hechos de violencia y prolongadas medidas de presión que han interrumpido vías estratégicas de comunicación y abastecimiento, restringiendo el acceso de millones de personas a bienes y servicios esenciales y afectando particularmente a los sectores más vulnerables”.
Asimismo, señaló que estas acciones han comprometido el ejercicio de derechos fundamentales como la vida, la salud, la alimentación, la libre circulación y el trabajo, además de generar dificultades para la prestación regular de servicios públicos esenciales y desafíos para el normal funcionamiento de las instituciones democráticas y del Estado de Derecho, refiere un reporte del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Desde inicios de mayo, la COB cumple un paro indefinido que incluye en corte de rutas. A la protesta se sumaron otros sectores que, al igual que la COB, pasaron de demandar atención a sus pliegos sectoriales, a pedir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Luego de 47 días de protesta, el martes, la COB propuso una agenda de ocho puntos al Gobierno con el fin de pacificar el país.
Si bien el Gobierno convocó a la dirigencia de la COB para una reunión la mañana de este miércoles para analizar los ocho puntos, ésta fue reprogramada para las 16h00 de esta jornada en instalaciones del Banco Central de Bolivia (BCB).
En tanto, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó para esta jornada 48 cortes de rutas en cinco de los nueve departamentos, de los cuales 20 están en La Paz y 16 en Cochabamba.
En Oruro se tienen 9 puntos de bloqueo, en Potosí dos y en Santa Cruz persiste uno en el municipio de San Julián.
En la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU el canciller reafirmó que la protesta pacífica constituye un derecho humano fundamental y un elemento esencial de toda sociedad democrática.
Sin embargo, enfatizó que ninguna forma de ejercicio de este derecho puede derivar en actos de violencia, coerción o afectaciones generalizadas a los derechos de terceros, ni poner en riesgo el orden público, el funcionamiento de las instituciones democráticas o la vigencia del Estado de Derecho.
En ese contexto, el ministro reiteró ante la comunidad internacional su firme compromiso con la protección de los derechos humanos, la preservación de la paz social, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y el respeto al Estado de Derecho, destacando la importancia del acompañamiento de las Naciones Unidas y de los mecanismos internacionales de derechos humanos para contribuir a estos objetivos.