Todos estamos golpeados por la crisis económica, la cual ha sido empeorada por más de cuarenta días de bloqueos, que ha llevado a algunos sectores a declararse en quiebra o en el abismo económico; con mercados desabastecidos, sin productos, filas en los surtidores por varios días para comprar gasolina, ciudadanos pasando travesías para llegar a Río Abajo, para conseguir algunas verduras, largas filas para adquirir un pollo a un alto precio.
Sintiéndose un ambiente en la ciudadanía de desesperación e incertidumbre, por la necesidad de conseguir alimentos y volver a trabajar para generar recursos, y conteniendo una bronca por una solución.
Este estado de ánimo a llevando a la población a pedir medidas radicales al gobierno, para volver a la normalidad, en el lado contrario las organizaciones sociales han radicalizado su posición.
Las malas decisiones del presidente, han generado una crisis político-social, quebrando la credibilidad entre el gobierno y la sociedad. A esto se le suma un entorno en su gabinete que genera desconfianza a los sectores sociales, con ministros con oscuro pasado, otros con una clara incapacidad para el cargo y algunos reclutados de otra sigla, que responden a un político y consigna, dejándolo huérfano en la solución de problemas.
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Ya se ha generado el marco normativo, para la declaración de un estado de excepción, aunque esta todavía no ha sido aplicada por el ejecutivo. La interrogante es, si esta medida extrema tendrá, la capacidad de levantar los bloqueos en todo el país y devolvernos la normalidad esperada, o será la generadora de un efecto contrario con las organizaciones sociales y provocar mayor violencia.
Un estado de excepción, aplicado por la incapacidad del gobierno en la resolución del conflicto, demandada por algunos sectores en su desesperación. ¿Será?, el escenario controlado por las FF.AA y la Policía, para que el gobierno pueda realizar medidas estructurales, tendrá la musculatura, credibilidad y resistencia política necesaria, para transformaciones que no llevan el nombre de capitalización, ni privatización, sino la de modernización al Estado tranca.
Hay que recordar que recuperar los recursos estratégicos y su administración, mediante la nacionalización, ha tenido un alto costo para todos los bolivianos, hasta el momento se han perdido trece juicios en instancias internacionales, por los cuales se debe pagar 810 millones de dólares por indemnizaciones a empresas extranjeras. Por esta razón es necesario un profundo análisis por parte del gobierno, como el administrador de nuestros recursos naturales, en abrir la norma, para un mejor aprovechamiento de nuestro país y sus habitantes.
La necesidad y la desesperación de estos momentos, no nos puede llevar a perder o entregar nuestro patrimonio nacional, sin respetar la CPE, que cubre y resguarda nuestros recursos naturales, no podemos asumir una posición de indiferencia, por una pronta normalidad forzada, en la cual se podrían tomar medidas estructurales, que afecten directamente la situación y futuro de nuestra población, hay que asumir una posición consciente y alerta de las políticas que sean aprobadas bajo cualquier situación.
Por: Jesús Luque.
Economista