Bolivia atraviesa una crisis que ya no puede explicarse únicamente por la escasez de combustibles, la inflación, los bloqueos o la confrontación política. Detrás de estos problemas visibles existe una fractura más profunda: la pérdida de confianza entre el Gobierno y una parte importante de los sectores populares que alguna vez fueron su principal base de apoyo.
Si efectivamente el origen de la actual conflictividad radica en la percepción de que el presidente Rodrigo Paz se distanció de las demandas y expectativas de quienes contribuyeron decisivamente a su elección, entonces la solución no puede buscarse exclusivamente mediante operativos de control, discursos confrontacionales o negociaciones parciales. La estabilidad no se impondrá por decreto; deberá reconstruirse políticamente.
La historia demuestra que ningún gobierno puede sostenerse indefinidamente cuando pierde la confianza de sectores significativos de la población. Pero también demuestra que los conflictos más complejos pueden encontrar salida cuando existe la suficiente grandeza para reconocer errores y corregir el rumbo.
En este momento crucial, el presidente tiene la responsabilidad histórica de asumir una iniciativa política audaz. No se trata de rendirse ante las presiones ni de entregar la conducción del Estado a grupos particulares. Se trata de reconocer que el país necesita un nuevo pacto de gobernabilidad.
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Ese pacto debería comenzar con un mensaje sincero a la nación. La ciudadanía espera escuchar una explicación transparente sobre la situación real del país, sus limitaciones y los errores que pudieron haberse cometido. La verdad, aunque sea incómoda, siempre genera más confianza que el silencio o la negación.
Posteriormente, el Gobierno debería convocar a un gran diálogo nacional que incluya a organizaciones sociales, sectores productivos, universidades, iglesias, gobiernos subnacionales, trabajadores y representantes de la sociedad civil. No un diálogo para las fotografías, sino un espacio real para construir acuerdos verificables y con plazos concretos.
Asimismo, sería conveniente considerar una profunda renovación política dentro del propio Gobierno. En momentos excepcionales, los países requieren señales excepcionales. La incorporación de personalidades con credibilidad, capacidad técnica y legitimidad social podría contribuir a disminuir las tensiones y recuperar la confianza ciudadana.
Sin embargo, el elemento central de cualquier solución será la reconciliación entre el Estado y la sociedad. Bolivia necesita abandonar la lógica de vencedores y vencidos. Ningún sector podrá resolver la crisis por sí solo, y ningún actor tiene la fuerza suficiente para imponer una salida unilateral.
La alternativa a los acuerdos es prolongar una confrontación que amenaza con profundizar el deterioro económico, aumentar la polarización y debilitar aún más las instituciones democráticas. Los costos de ese escenario serían pagados por millones de bolivianos que hoy observan con preocupación cómo el país se acerca a una situación cada vez más crítica.
Las grandes crisis suelen poner a prueba el liderazgo de los gobernantes. La historia no recordará quién tuvo más poder coyuntural ni quién ganó una disputa política temporal. Recordará quién fue capaz de evitar que Bolivia se precipitara hacia el abismo cuando aún existía la oportunidad de construir puentes.
Todavía hay tiempo para hacerlo. Pero el tiempo se agota. La reconstrucción de la confianza nacional debe comenzar ahora, antes de que la crisis alcance un punto de no retorno.
Fernando Crespo Lijeron