«Más de un millón» de migrantes pide regularizarse en España

«Más de un millón» de inmigrantes presentaron los papeles para regularizar su situación en España bajo el plan lanzado a mediados de abril por el Gobierno, anunció el presidente del ejecutivo español, Pedro Sánchez. Los rezagados tienen hasta esta noche de martes 30 de junio de 2026, cuando vence el plazo.

Según subrayó el presidente, esta cifra demuestra que era una medida necesaria, aunque fue duramente criticada por la oposición de derecha. «Queremos que el mundo vea a España como un país que respeta, que protege y que ampara los derechos humanos», indicó Sánchez en su discurso sobre esta decisión que calificó de «buena» para la economía española.

Sánchez participó en la presentación del Plan de Integración y Ciudadanía, que, según anunció, estará dotado con 500 millones de euros el primer año y cuya primera medida es, precisamente, esta regularización para dar permiso de residencia y trabajo a quienes ya viven en España.

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«Una gran oportunidad»

Las autoridades disponen de tres meses para tramitar las solicitudes y conceder (o no) el permiso de residencia y de trabajo válido únicamente en este país europeo.El Ejecutivo estimó, al anunciar el plan, que beneficiaría a medio millón de personas, en su gran mayoría latinoamericanos, ya instaladas en territorio español.

«Es una gran oportunidad», asevera a la AFP Juana Hernández, una cubana de 59 años que vive en Madrid.

Llegada a España hace dos años y medio, cuenta que «para estar más segura» pagó unos 200 euros a un abogado para que se encargara de los trámites administrativos, mientras recibía la ayuda de una asociación que apoya a inmigrantes.

Esta licenciada en Lengua Inglesa, actualmente formándose para trabajar en el aeropuerto de Madrid-Barajas, explica que estuvo «un poco inquieta» al principio, antes de recibir hace unos días, para su gran satisfacción, «la notificación de admisión a trámite» del expediente.

Unas 360.000 de 900.000 solicitudes que se habían presentado hasta el 15 de junio han ya sido admitidas, según indicó una fuente gubernamental a la AFP.

Al menos cinco meses en España y sin antecedentes penales

Como Juana Hernández, los interesados deben acreditar que para el 1 de enero pasado tenían al menos cinco meses en España y no cuentan con antecedentes penales.

El procedimiento puede realizarse en línea o en persona en centros administrativos habilitados.

En la región de Cantabria (norte), Mohamed, un marroquí de 23 años que no quiso dar su apellido, quien lleva «unos cuatro años» viviendo irregularmente en España, afirma que el proceso ha sido «relativamente fácil».

En búsqueda de empleo, desea regularizar su situación «para poder trabajar legalmente, cotizar» y evitar que empleadores poco escrupulosos se aprovechen de él, como hacen con otras personas en situación irregular, «pagando poco salario, sin ningún tipo de derechos o directamente» sin pagar.

Mohamed, que vive con su novia española, confía «en que pronto llegará» la notificación de que su expediente fue admitido.

«Los mismos derechos que cualquier otro ciudadano»

Asediado por escándalos de corrupción en su entorno cercano, Pedro Sánchez ha convertido este plan extraordinario en el estandarte de su política de apertura hacia los inmigrantes, a contracorriente de gran parte de sus socios europeos.

«Aquellas personas que viven ya en nuestro país y que están contribuyendo al desarrollo económico de nuestro país merecen tener los mismos derechos que cualquier otro ciudadano», defendió Sánchez el 19 de junio, tras una cumbre europea en Bruselas, donde tuvo un intercambio tenso a puerta cerrada sobre el tema con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, según los medios.

El dirigente socialista también dijo que España necesita mano de obra para determinados sectores, como la construcción, un enfoque pragmático celebrado especialmente por el presidente de la principal organización empresarial española (CEOE), como herramienta para apuntalar una de las economías más dinámicas de Europa.

Críticas de derecha y ultraderecha española y europea

La derecha ha tachado la política de Sánchez de «insensata» y la extrema derecha ha denunciado una «invasión migratoria», en momentos en que el tema de la inmigración polariza cada vez más el debate público en España, un país que en el siglo XX fue tierra de emigración.

Sin mayoría parlamentaria, el Ejecutivo lanzó el plan mediante un real decreto, una normativa contemplada en la Constitución española que no necesita someterse al voto de los diputados.

Este texto respondía a una iniciativa popular firmada por más de 600.000 personas y respaldada por unas 900 asociaciones, que exigía la regularización de todos los inmigrantes sin papeles en el país.

En España, una de las principales puertas de entrada de la inmigración en Europa, cerca de 37.000 inmigrantes irregulares entraron en 2025, una cifra que supone un fuerte descenso con respecto a 2024 (-42,6 %), según el Ministerio del Interior.

rml (afp, efe, actualizado a las 11:33 CET)