La medida surge luego que el domingo, la Policía Boliviana y la ANH frustraron el desvío ilegal de una importante cantidad de diésel en Santa Cruz.
Cisternas cargan combustibles. Foto: Archivo
Por eju.tv / La Paz / Video: Fama Poder y Ganas
Con el fin de evitar el desvío de combustibles, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, instruyó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) poner escoltas a las cisternas para garantizar que cumplan su ruta y el carburante no sea orientado a actividades como la minería ilegal o el narcotráfico.
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Además, ordenó que se desplace más personal de la ANH a los surtidores para que también se garantice la venta a los precios establecidos.
“Nosotros vamos a elevar los controles, he hablado con el director de la ANH, quiero más gente en los surtidores y quiero incluso que haya escoltas a las cisternas cuando salgan para ver si van realmente a su destino”, indicó en una entrevista con el programa Fama Poder y Ganas.
La medida surge luego que el domingo, la Policía Boliviana y la ANH frustraron el desvío ilegal de una importante cantidad de diésel en Santa Cruz. El cargamento, según las investigaciones preliminares, estaba destinado a abastecer actividades de minería ilegal en el norte de La Paz.
El hecho se descubrió cuando una cisterna, que debía descargar legítimamente el carburante en el surtidor Virgen de Cotoca, desvió su ruta para ingresar a un garaje contiguo. En ese lugar, se procedió a transferir el combustible a un segundo camión cisterna para su posterior traslado ilícito.
Durante la intervención, las fuerzas del orden secuestraron una tercera cisterna que se encontraba vacía. De acuerdo con el reporte oficial, este vehículo esperaba su turno para recibir combustible bajo la misma modalidad.
Un chofer y la administradora del surtidor Virgen de Cotoca fueron capturados en el lugar, pero dos conductores de los camiones lograron darse a la fuga durante la intervención policial.
Como parte de las medidas, el ministro Blanco anunció que se fortalecerá el resguardo en las fronteras y también se trabajará en una reforma normativa para que las penas contra las personas que trafican combustibles sean mucho más duras.
En la actualidad, de acuerdo con Blanco, por el almacenaje y comercialización de gasolina, GLP y diésel las penas van de tres a seis años de cárcel; en tanto, que adquirir gasolina, GLP o diésel sin la autorización correspondiente, la pena es de entre dos y cuatro años, además de la confiscación de los bienes y con agravación en caso de reincidencia.
No obstante, Blanco señaló que las penas tienen que ser más duras. “Vo voy a hablar con el departamento legal para ver la manera que se puede incrementar esto, obviamente tiene que ser a través de una ley que la vamos a proponer primero en el gabinete y luego tendrá que ir a al Congreso”, adelantó.