El ministro de Gobierno afirmó que Bolivia fue gobernada durante dos décadas desde estructuras políticas y sociales ajenas a la institucionalidad estatal
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que durante los últimos 20 años el centro de las decisiones políticas de Bolivia dejó de estar en la plaza Murillo y se trasladó al Trópico de Cochabamba, desde donde —según sostuvo— se definieron nombramientos, mandos institucionales, policiales y militares, así como políticas de Estado.
“El centro político del país no era la plaza Murillo, era el Trópico. Desde ahí fuimos gobernados los últimos 20 años. Debemos recuperar la institucionalidad”, declaró Oviedo en un programa de debate emitido este fin de semana por radio Panamericana.
La autoridad señaló que una de las principales herencias de las anteriores gestiones fue la desestructuración de las instituciones, el debilitamiento de los partidos políticos y la penetración de intereses partidarios y organizaciones sociales en entidades como la Policía Boliviana.
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Según el ministro, la institución policial fue debilitada por la corrupción, la alteración de su estructura de mandos y la designación de autoridades sobre la base de vínculos políticos, sindicales o incluso con organizaciones relacionadas con el narcotráfico.
“Si respondías a una organización, como las Bartolinas o el Trópico, eras comandante de una región”, cuestionó Oviedo, quien sostuvo que las consecuencias de ese modelo todavía afectan al funcionamiento del Estado y a la convivencia social.
El expresidente Evo Morales vive desde hace unos nueve meses custodiado por decenas de sus seguidores en el poblado de Lauca Ñ, la sede de la Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, la organización de cocaleros que dirige desde hace más de 30 años.
Escenario institucional
Ante este escenario, el ministro Oviedo respaldó el planteamiento del presidente Rodrigo Paz de promover un “gran acuerdo nacional” que permita superar la crisis económica, política y social que atraviesa el país.
Explicó que ese entendimiento debe tener componentes institucionales, sociales y económicos, y comenzar con la construcción de consensos en la Asamblea Legislativa para aprobar la agenda de reformas del Ejecutivo.
En las últimas horas, la Asamblea Legislativa refrendó la Ley 5636 con el que el presidente Paz dispuso un estado de excepción, o estado de emergencia, para movilizar a unidades combinadas de la Policía y las Fuerzas Armadas para levantar los bloqueos que afectaron en el país el curso de los últimos 51 días. Este domingo, los cortes de ruta se redujeron a unos 30.
Oviedo afirmó que los recientes bloqueos ocasionaron pérdidas superiores a Bs 14.500 millones y afectaron a más de 20.000 pequeñas empresas, además de perjudicar a la industria, el comercio, el turismo, las exportaciones y el transporte.
“La crisis nos ha mostrado que los bolivianos de oriente y occidente nos necesitamos. Debemos reconstruir la patria con una nueva institucionalidad, nuevos acuerdos y una nueva agenda”, concluyó.
El ministro vinculó la crisis institucional con la pérdida de valores cívicos y cuestionó a quienes promovieron los bloqueos de carreteras que durante varias semanas afectaron el abastecimiento, la circulación de personas y la economía nacional.
De hecho, cerca de Bs 10 millones fueron interceptados por la Policía a personas vinculadas con la protesta que llegó a exigir el derrocamiento del presidente Paz.
“No estamos utilizando la violencia para reinstalar la paz en el país. Estamos haciendo una presencia fuerte y sólida del Estado boliviano”, remarcó la autoridad.