Bolivia atraviesa una de las situaciones más delicadas de su vida democrática reciente. La creciente conflictividad social, la incertidumbre económica y la polarización política han configurado un escenario que exige prudencia, responsabilidad y grandeza de todos los actores llamados a conducir los destinos del país.
En este contexto, el Gobierno nacional ha promulgado la ley relativa al Estado de Excepción y se encuentra en el proceso de elaborar el decreto correspondiente para su eventual aplicación, siguiendo los procedimientos previstos por la Constitución y las leyes. Al mismo tiempo el presidente Rodrigo Paz ha reiterado su disposición a dialogar con los sectores que tienen legítimas demandas. Más allá de las consideraciones jurídicas y políticas que este paso pueda generar, es evidente que la situación demanda señales claras de unidad y compromiso con la estabilidad democrática.
Por ello, muchos ciudadanos observan con expectativa la actitud que asumirán los principales líderes políticos con representación parlamentaria. Figuras como Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina y Manfred Reyes Villa tienen hoy una responsabilidad que trasciende los intereses de sus organizaciones y alcanza una dimensión histórica.
La ciudadanía no les exige renunciar a sus diferencias ideológicas ni a su legítimo papel de fiscalización y oposición. Lo que demanda es algo más elemental y al mismo tiempo más trascendente: una demostración inequívoca de compromiso con Bolivia, con la democracia y con la paz social.
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La presencia activa de estos líderes en espacios de diálogo institucional, su disposición a respaldar soluciones que preserven el orden constitucional y su participación en la construcción de consensos mínimos serían interpretadas como un auténtico gesto patriótico.
En circunstancias extraordinarias, la historia suele recordar no a quienes profundizaron las divisiones, sino a quienes tuvieron la capacidad de tender puentes cuando el país más lo necesitaba.
La defensa de la democracia no puede recaer exclusivamente en el Gobierno. Tampoco puede ser una responsabilidad limitada a las instituciones del Estado. Es una tarea colectiva que involucra a oficialismo, oposición, organizaciones sociales, sector empresarial, universidades, iglesias y ciudadanía en general.
Por ello, resulta oportuno considerar la suscripción de un GRAN PACTO POLÍTICO POR LA DEMOCRACIA, mediante el cual las principales fuerzas del país se comprometan públicamente a respaldar esta medida de Excepción, dirigida esencialmente a preservar la paz, respetar el orden constitucional, rechazar toda forma de violencia y trabajar conjuntamente para superar la crisis.
Bolivia necesita hoy más que discursos. Necesita liderazgo, responsabilidad y sentido de Patria. Los desafíos que enfrentamos son demasiado grandes para ser abordados desde la lógica de la confrontación permanente. La historia nos coloca frente a una prueba decisiva: demostrar que, aun en medio de nuestras diferencias, somos capaces de anteponer el interés nacional al interés partidario.
Ese es el verdadero compromiso patriótico que la ciudadanía espera de sus dirigentes. Y este es, precisamente, el momento de demostrarlo.
Fernando Crespo Lijeron