El proceder de la dirigencia sindical cocalera demuestra que el sector espera la finalización del período de estado de excepción, para retomar medidas de presión. Recuerdan que el Parlamento puede ampliar el tiempo de vigencia del estado de excepción, tiempo en el que las fuerzas del orden pueden intervenir y dar cumplimiento a requerimientos judiciales pendientes. Esperan que antes de que termine el estado de excepción, Evo Morales sea puesto ante la justicia para responder por sus actos, sobre todo por los recientes bloqueos.
Fuente: El Diario
Cuestionando que grupos de cocaleros se resistan a cumplir las disposiciones y restricciones que actualmente rigen en todo el territorio nacional, incurriendo en actos prohibidos y volviendo a amenazar la estabilidad del país, parlamentarios de distintas fuerzas políticas exigieron que autoridades hagan cumplir las normas y que se ejecute la orden de aprehensión contra Evo Morales antes que finalice el actual estado de excepción.
El jueves, se reportó que cocaleros del Chapare hicieron retroceder a efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) en Villa Tunari y procedieron a retomar el control de un retén de control antidrogas, además de reinstalar un punto de bloqueo en el lugar.
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En criterio de la diputada oficialista Julieta Jiménez, el proceder de la dirigencia sindical cocalera lleva a pensar que este sector espera con ansias la finalización del período de estado de excepción, para retomar medidas de presión y generar nuevos escenarios de confrontación en busca de retornar al poder por la fuerza.
“Lamentablemente el Chapare es tierra de nadie y nadie hace nada. Creo que en ese tema el Gobierno está muy complaciente, deberíamos tomar medidas porque este señor (Evo Morales) nuevamente nos está amenazando”, dijo Jiménez.
Asimismo, reprochando que Morales trate de mantener a la región del Trópico cochabambino como un feudo en el que se hace lo que manda, la legisladora pidió a autoridades de gobierno abandonar la postura de tranquilidad con la que han actuado a lo largo de los recientes conflictos y tomar cartas en el asunto, aplicando la norma y sancionando a una dirigencia que “hace y dice lo que quiere”.
Según Jiménez, los afines al dirigente cocalero ignoran que desde el Parlamento se puede ampliar el tiempo de vigencia del actual estado de excepción, tiempo en el que las fuerzas del orden, en coordinación con organismos nacionales e internacionales de lucha contra las drogas, pueden actuar e intervenir en zonas controladas por el crimen organizado.
“Este señor ya debería estar pagando sus cuentas en la cárcel. Creo que antes de que se termine el estado de excepción, Evo Morales debe estar respondiendo por todo lo que ha hecho y sobre todo por el reciente crimen que se ha cometido con el bloqueo de carreteras”, añadió.
Al respecto, la senadora por la alianza Libre, Tomasa Yarhui, recordó que el país está bajo un estado de excepción y es el Gobierno el que debe tomar decisiones sobre su aplicación e imponer el orden en cualquier punto del país donde se registren contravenciones a lo dispuesto.
“El Gobierno es para tomar decisiones para definir y conducir el país. Ya aprobó la Asamblea Legislativa que el estado de excepción continúe y eso quiere decir que tiene que haber orden, ya de ahí quién hace cumplir, ahí tenemos las instancias que corresponden”, sostuvo.
La senadora por Chuquisaca además reiteró que en el país existen sectores sociales con demandas legítimas e históricas y otras que son de carácter político, que golpean a la democracia y buscan desestabilizar al gobierno; aclarando que ella siempre apoyará toda demanda legítima, más aún si se tratan de demandas históricas provenientes de pueblos indígenas y sectores desprotegidos.
“Yo siempre he estado, voy a estar y seguiré estando con ellos, con el pueblo que necesita ser resuelto sus demandas y las demandas históricas.
Particularmente hablo de los pueblos indígenas, de las mujeres, de los jóvenes y de nuestros niños que deben ser prioritariamente atendidos, pero lamentablemente en estos últimos años lo que han hecho es destruir la legitimidad y la credibilidad de las organizaciones al volverlos políticos y al volverlos como estaban golpeando la democracia, eso ya no es una demanda legítima, obviamente eso voy a reprochar”, cuestionó la legisladora.
El pasado jueves, horas después que efectivos de Umopar retornaron al retén antidrogas de “El Castillo” en la localidad de Villa Tunari, la dirigencia cocalera retomó dichos predios e instaló un punto de bloqueo en el lugar.
La medida provocó que nuevamente efectivos antidroga destinados al lugar deban replegarse hacia la localidad de Chimoré, con la finalidad de evitar enfrentamientos.
Parlamentarios como el oficialista Luis Fernando Vargas, demandaron que autoridades hagan cumplir la norma vigente, sobre todo las disposiciones y restricciones propias del actual estado de excepción que rige en todo el territorio nacional, asumiendo medidas contra todos aquellos grupos que se resisten a deponer medidas de presión y generan incertidumbre en la ciudadanía.
Fuente: El Diario
