Detrás de cada día de bloqueo hay empleos perdidos, mercados cerrados y una confianza internacional que nadie sabe cuándo volverá.
Mercados vacíos, negocios cerrados a la fuerza, comerciantes que ven destruidos sus puestos por las mismas personas que dicen luchar por ellos. En La Paz, ciudadanos comunes reciben multas si no se suman a los bloqueos. No es una protesta espontánea del pueblo: es una presión sistemática sobre el pueblo. Antes de tomar partido, vale la pena preguntarse: ¿a quién beneficia realmente todo este caos?
La mecánica económica del bloqueo
Un bloqueo de carreteras no es solo un inconveniente de tráfico. Es una interrupción deliberada de la cadena de suministro. Cuando los camiones con alimentos, medicamentos y combustible no pueden entrar a La Paz, la oferta de productos cae. Pero las familias siguen necesitando comer, entonces los precios suben. Esto tiene un nombre en economía: inflación por desabastecimiento.
Las cifras confirman la magnitud del daño. Gonzalo Morales, presidente de la Cámara Nacional de Industrias, informó que las pérdidas acumuladas por los bloqueos alcanzan los $us 1.680 millones, y advirtió que la desconfianza de las empresas bolivianas crece cada día que pasa:
“Lastimosamente, esta pérdida de más de 1.680 millones de dólares ya está perdida, eso va a un fondo perdido, no lo vamos a recuperar. La industria boliviana no se va a recuperar de este golpe.” — Gonzalo Morales, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (El Deber, 28 de mayo de 2026)
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Asimismo, lo que más preocupa a Morales no es el número en sí, sino sus consecuencias hacia afuera: los exportadores bolivianos están incumpliendo contratos internacionales, lo que daña la reputación del país ante mercados extranjeros cuya confianza, como él mismo advirtió, no es fácil de recuperar. A esto se suma que muchas industrias pequeñas y medianas ya cerraron operaciones, y se estima que alrededor del 30% de los 600.000 empleos vinculados al sector industrial ya se han visto afectados.
Por otra parte, el economista Fernando Romero advirtió que Bolivia tardará al menos un año en recuperar parte del daño económico, pero que reconstruir la credibilidad internacional tomará mucho más tiempo: “Lo que más va a costar y lo que no se está midiendo todavía es el daño a la credibilidad y confianza.” Cada día de bloqueo, en definitiva, es un día en que la riqueza del país simplemente deja de producirse, y ese costo lo paga la gente de a pie, no quienes toman las decisiones políticas.
Los rumores y la realidad
“Rodrigo Paz gobierna solo para los ricos”
Este es quizás el eslogan más repetido en las calles. Pero vale la pena analizarlo con frialdad. Eliminar subsidios insostenibles, como el de los combustibles, no es una medida que beneficia a los ricos: es una medida que evita que el Estado quiebre. Cuando un gobierno gasta más de lo que produce durante años, los primeros en sufrir las consecuencias no son quienes tienen ahorros privados, sino quienes dependen de hospitales públicos, escuelas estatales y empleos formales.
Hay algo más profundo que discutir. Proteger indefinidamente a los más vulnerables sin darles herramientas para prosperar no es inclusión, es dependencia. Una economía que atrae inversión y permite que crezcan las empresas no beneficia solo a quienes invierten: necesita trabajadores, genera empleos y crea oportunidades reales. El verdadero camino para salir de la pobreza no es recibir subsidios eternamente, sino tener acceso a trabajo digno y condiciones para prosperar. Eso solo lo genera una economía activa, no una economía paralizada por bloqueos.
“Están vendiendo los recursos naturales de Bolivia”
Otro miedo muy extendido es que el gobierno esté privatizando el gas, el litio u otros recursos. Este rumor apela a una memoria histórica muy dolorosa para Bolivia, como la Guerra del Gas o la Guerra del Agua, y por eso genera tanto miedo. Sin embargo, hay un dato legal que no se puede ignorar: el Artículo 357 de la Constitución Política del Estado prohíbe de forma absoluta que cualquier empresa nacional o extranjera inscriba los recursos naturales como propiedad privada. Constitucionalmente, vender el gas o el litio es imposible.
Lo que sí está ocurriendo es diferente: ante la caída en la producción de gas y la falta de inversión estatal, el gobierno busca atraer inversión privada para explorar nuevos yacimientos. Eso no significa regalar el recurso, significa compartir el riesgo de exploración a cambio de impuestos y regalías, mientras el Estado boliviano sigue siendo el dueño absoluto. Confundir inversión con privatización, ya sea por desconocimiento o intencionalmente, es lo que alimenta este rumor.
“Esta lucha es por el pueblo”
El argumento más poderoso de quienes bloquean es que lo hacen en nombre del pueblo. Pero los propios dirigentes han revelado con sus declaraciones cuál es el verdadero objetivo. Según informó Los Tiempos el 21 de mayo de 2026, los sectores movilizados ya no solo exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, sino que piden elecciones generales en 90 días para generar, en sus propias palabras, “un nuevo orden institucional”. El dirigente Feliciano Vegamonte lo expresó con claridad:
“Solo el pueblo se va a pacificar, cuando haya renuncia y sucesión constitucional, el que sucede convoque en 90 días a nuevas elecciones generales.” — Feliciano Vegamonte, dirigente movilizado (Los Tiempos, 21 de mayo de 2026)
Esto revela una contradicción difícil de ignorar: si el movimiento surgió por demandas económicas concretas como el combustible o el costo de vida, ¿por qué su solución es un cambio de gobierno y nuevas elecciones? La propuesta de elecciones en 90 días, además, fue planteada originalmente por el expresidente Evo Morales, y sus seguidores la adoptaron de inmediato como consigna.
Mientras tanto, en las calles de La Paz, son los ciudadanos comunes quienes pagan el costo. Según reportes de CNN en Español e Infobae, las protestas del 18 de mayo derivaron en saqueos a comercios populares, ataques al Tribunal Departamental de Justicia y destrozos en estaciones del teleférico. El propio dirigente Vicente Choque reconoció públicamente que hay sufrimiento de la gente por las medidas de presión, pero llamó a los afectados a sumarse de todas formas. La pregunta que queda en el aire es sencilla: ¿una lucha genuina por el pueblo necesita obligar al pueblo a participar con amenazas?
¿Qué dejó el modelo anterior?
Todo este debate sobre bloqueos y demandas políticas tiene un telón de fondo que pocas veces se menciona con claridad: la propuesta de elecciones en 90 días fue planteada originalmente por Evo Morales, y sus seguidores la adoptaron de inmediato como consigna propia. El objetivo, aunque no se diga abiertamente, es claro: un retorno al poder del mismo sector que gobernó durante casi veinte años.
Por ello, vale la pena preguntarse con honestidad: si el modelo económico anterior era tan bueno y tan inclusivo, ¿por qué Bolivia no logró salir de la pobreza estructural durante veinte años? ¿Por qué países de la región que apostaron por reformas económicas y apertura a la inversión lograron reducir su pobreza de forma sostenida, mientras Bolivia mantuvo un modelo que, en el mejor de los casos, enseñó a administrar la pobreza, pero no a superarla?
Este análisis no parte de la simpatía hacia ningún gobierno en particular, sino de una pregunta más incómoda y más necesaria: ¿estamos evaluando las políticas económicas con honestidad, o estamos eligiendo qué datos mirar según el bando que ya elegimos?
Durante casi veinte años, Bolivia aplicó un modelo basado en el control estatal de los hidrocarburos y el gasto público sostenido por los ingresos del gas. Hubo avances reales en reducción de pobreza extrema, pero esos avances llegaron en gran parte gracias a precios internacionales excepcionalmente altos, no como resultado de una economía diversificada y productiva. Cuando esos precios cayeron, quedó expuesta la fragilidad estructural del modelo: el país no había desarrollado industria propia, no había generado fuentes alternativas de ingresos y había gastado sus reservas internacionales para sostener artificialmente un nivel de gasto que ya no podía financiar.
El resultado no es una opinión: es el punto de partida de la crisis actual. Escasez de dólares, caída en la producción de gas, inflación persistente y una deuda que el país todavía está pagando. Cuando alguien argumenta que hay que volver a ese modelo porque “antes estábamos mejor”, vale preguntarse con precisión: ¿mejor en qué año exactamente? ¿En los años de bonanza del gas, que dependieron de condiciones externas que Bolivia no controló ni puede reproducir? ¿O en los últimos años de ese mismo modelo, cuando las reservas ya se habían agotado y la economía empezaba a mostrar sus costuras? La nostalgia es comprensible. Pero no es una política económica.
El verdadero camino
La solución de fondo no llegará con un decreto ni con un cambio de gobierno. Llegará cuando los ciudadanos tengan las herramientas para evaluar por sí mismos lo que escuchan. Una población que comprende qué es la inflación, cómo funciona un subsidio, qué significa el déficit fiscal o por qué la inversión privada no equivale automáticamente a privatización, no es fácilmente manipulable con rumores ni con eslóganes.
Por eso Bolivia necesita incorporar educación económica básica e intermedia en la malla curricular escolar, no como materia teórica y abstracta, sino como formación práctica para leer la realidad: entender un noticiario, cuestionar una promesa electoral, comparar modelos económicos con criterios propios. No se trata de crear economistas, sino de crear ciudadanos que no necesiten que nadie les interprete el mundo con fines políticos.
Mientras eso no ocurra, los rumores seguirán siendo más poderosos que los hechos. Y el pueblo, ese pueblo por el que todos dicen luchar, seguirá pagando el costo de una discusión que nunca se dio con honestidad.