Vigente la Ley 1740, si el presidente decide aplicar un estado de excepción, en parte o en todo el territorio nacional, junto con su gabinete de ministros, debe aprobar un decreto supremo y remitirlo a la Asamblea Legislativa para su aprobación o rechazo. El Legislativo tendrá un plazo de 72 horas para avalar o no la solicitud presidencial que regirá 90 días.
Por eju.tv / La Paz / Video: Bolivia Tv
Con el llamado a las Fuerzas Armadas y a la Policía a actuar con firmeza contra el “narcoterrorismo” para cuidar el futuro del país, el presidente Rodrigo Paz promulgó este lunes la Ley 1740 que regula los Estados de Excepción con el fin de defender a las grandes mayorías y luchar contra quienes intentan interrumpir el procedo democrático en Bolivia.
Aprobada en sesiones maratónicas en el Senado (el 4 de junio) y en Diputados (el 7 de junio), la norma sustituye a la abrogada Ley 1341 de 23 de julio de 2020, promulgada por la expresidenta del Senado, Eva Copa, y entra en vigencia al cumplirse 39 días de bloqueo de caminos de distintos sectores como la Central Obrera Boliviana (COB).
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Secundado por todo su gabinete de ministros, Paz firmó la ley en un acto en Casa Grande del Pueblo, ante la mirada del Alto Mando Militar de las Fuerzas Armadas.
“Promulgo esta norma porque está bajo la lógica de defender a las grandes mayorías bajo aquellos que nos quieren atacar e irrumpir este proceso democrático, este proceso constitucional”, afirmó el presidente en enérgico discurso, donde reafirmó su llamado al diálogo a los sectores sociales que tienen reivindicaciones legítimas y advirtió con la cárcel a los “narcoterroristas” que están mimetizados en las protestas que llevan más de un mes.
Defendió la vigencia de la ley pues afirmó que devolverá al país a la normalidad y calma, luego de más de 30 días de bloqueos que afectan, principalmente, al occidente del país.
Lamentó que ante los planes de las Fuerzas Armadas y la Policías para liberar las rutas sectores violentos, que vinculó a grupos “narcoterroristas”, continúen amenazando no solo la tranquilidad de las familias bolivianas, sino a todo el Estado.
Sin mencionar a Evo Morales, dijo que él dio la “orden de reforzar a las fuerzas en San Julián para que la violencia sea mayor”, como sucedió el sábado durante el fracasado operativo de desbloqueo de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana.
“Si te violan a la hija, si te roban en tu casa, el Estado te tiene que proteger. Pero a su vez también, si hay profesionales del narcoterrorismo, matando o intentando matar a bolivianos, nos tenemos que proteger. Esta es una ley para proteger a los bolivianos”, afirmó Paz.
A las Fuerzas Armadas y a la Policía, les dijo que tienen la responsabilidad de cuidar el futuro del país.
En ese camino, les instó a “actuar con firmeza, con profesionalismo, respetando derechos humanos, pero por sobre todo respetando nuestra Constitución, que es la Constitución que nos ampara a todos los bolivianos”.
“Esta norma les permite llevar adelante, el plan que ya hemos diseñado, Bolivia tiene un plan y lo vamos a ir cumpliendo, porque tenemos que retomar la normalidad para que nuestra economía crezca con seguridad para todos los bolivianos. La patria confía en su misión histórica de proteger la democracia, proteger la paz”, dijo.
Vigente la ley, si el presidente decide aplicar un estado de excepción, en parte o en todo el territorio nacional, junto con su gabinete de ministros, debe aprobar un decreto supremo y remitirlo a la Asamblea Legislativa para su aprobación o rechazo.
El Legislativo tendrá un plazo de 72 horas para avalar o no la solicitud presidencial que regirá 90 días.
Distintos sectores, como el Comité Pro Santa Cruz, exigieron desde hace semanas al presidente que se dicte estado de excepción para acabar con los bloqueos de caminos que afectan en mayor medida al occidente del país y han dejado millonarias perdidas económicas.
En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordó el fin de semana “que las medidas de Estados de excepción deben adecuarse al art. 27 de la Convención Americana y a los estándares interamericanos, y deben atender la necesidad, razonabilidad, proporcionalidad, temporalidad y control jurídico de las medidas”.