La norma aprobada por el Senado fija límites, plazos y controles para la aplicación de estados de excepción en Bolivia. Define cuándo pueden intervenir las Fuerzas Armadas, qué derechos no pueden suspenderse y cuál será el papel de la Asamblea Legislativa.
Por Mauricio Quiroz Terán
Fuente: El Deber
La Cámara de Diputados se dispone a debatir el proyecto de Ley de Regulación de los Estados de Excepción, una norma que podría ser sancionada este fin de semana y que establece las reglas para la aplicación de medidas extraordinarias en situaciones de crisis.
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La iniciativa fue aprobada por el Senado la noche del jueves y ahora deberá ser revisada por los diputados. Desde el oficialismo aseguran que la norma busca desarrollar los alcances previstos en la Constitución Política del Estado. Estas son las regulaciones que dispone el proyecto en debate.
¿Cuándo puede declararse un estado de excepción?
Según el proyecto, el Ejecutivo solo podrá recurrir a esta medida en cuatro situaciones específicas:
- Amenaza a la seguridad del Estado.
- Agresión o amenaza externa.
- Conmoción interna.
- Desastres naturales o emergencias de gran magnitud.
La declaratoria deberá realizarse mediante decreto supremo fundamentado, indicando las razones que la justifican, el territorio afectado, la duración de la medida y las acciones extraordinarias que serán aplicadas.
¿Cuánto tiempo puede durar?
Uno de los puntos que más debate generó en el Senado fue la duración de la medida.
La propuesta establece un plazo máximo de 90 días calendario. Concluido ese periodo, el estado de excepción caducará automáticamente. Además, no podrá declararse otro basado en los mismos hechos durante la misma gestión, salvo que existan circunstancias nuevas o una autorización expresa de la Asamblea Legislativa.
¿Qué facultades tendría el Gobierno?
Durante la vigencia de un estado de excepción, el Ejecutivo podría restringir temporalmente algunos derechos, como la libertad de circulación o las reuniones en espacios públicos.
También podrá reforzar la protección de instalaciones estratégicas, hospitales, aeropuertos y rutas consideradas esenciales para el funcionamiento del país.
¿Cuándo pueden intervenir las Fuerzas Armadas?
Este fue otro de los temas centrales del debate.
La norma establece que, en casos de conmoción interna, las Fuerzas Armadas solo podrán intervenir cuando la Policía haya sido superada y no exista otro medio eficaz para restablecer el orden público.
Su participación deberá ser autorizada por el Presidente y estará orientada a proteger infraestructura crítica, garantizar corredores humanitarios, resguardar hospitales, aeropuertos y asegurar la libre transitabilidad.
Los derechos que no podrán suspenderse
Uno de los aspectos que el Senado destacó como una garantía fundamental es la lista de derechos intangibles que permanecerán vigentes incluso bajo un estado de excepción.
Entre ellos se encuentran:
- El derecho a la vida.
- La integridad personal.
- La igualdad ante la ley.
- La libertad de conciencia y religión.
- Los derechos políticos.
- El acceso a la información.
- El debido proceso.
- Las garantías judiciales.
- Los derechos de niñas, niños y adolescentes.
- Los derechos de las personas privadas de libertad.
La propuesta también prohíbe expresamente la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias y el uso indiscriminado de la fuerza.
El control de la Asamblea
Una de las observaciones realizadas durante el tratamiento legislativo fue evitar que la declaratoria dependa exclusivamente del Ejecutivo.
Por ello, el proyecto obliga al Presidente a comunicar la medida a la Asamblea Legislativa dentro de las primeras 24 horas. Posteriormente, diputados y senadores tendrán hasta 72 horas para aprobarla o rechazarla.
Además, el Gobierno deberá presentar informes periódicos sobre la aplicación del estado de excepción y una rendición final de cuentas una vez concluida la medida.
¿Por qué se debate ahora?
La discusión ocurre en medio de una crisis marcada por bloqueos de caminos, desabastecimiento y dificultades para garantizar el acceso a alimentos, medicamentos y servicios de salud.
Aunque el Gobierno ha insistido en que el diálogo sigue siendo la principal vía para resolver el conflicto, la aprobación de esta ley dotaría al Estado de un marco regulatorio específico para actuar en situaciones extraordinarias cuando las facultades ordinarias resulten insuficientes para restablecer el orden público.
Fuente: El Deber