El experto remarcó que, si el Gobierno nacional no realiza estas acciones, perderá el control del Estado, que caerá en manos delincuenciales. “Cumpliendo esos tres requisitos, ¿qué derechos humanos pueden oponerse?”, concluyó Santiesteban en un duro cuestionamiento a quienes podrían bloquear una intervención militar en momentos que, según su diagnóstico, la amenaza de la narcosubversión ya no admite espera.
eju.tv / Video: Radio Fides
Narcotráfico y subversión se alían en Bolivia. El experto en seguridad Jorge Santiesteban afirmó hoy (08) que Bolivia enfrenta una “narcosubversión”, caracterizada por la acción violenta de grupos irregulares armados que buscan la toma del poder con financiamiento proveniente del narcotráfico. El analista señaló que el trópico de Cochabamba se ha convertido en el principal centro de operaciones de estas estructuras y advirtió que los recientes bloqueos responden a una estrategia organizada para afectar puntos estratégicos del país y generar presión sobre el gobierno del presidente Rodrigo Paz.
“Estamos viviendo una narcosubversión. La subversión porque son grupos irregulares que están buscando la toma del poder, no son reivindicaciones sociales. Y narco porque están financiados por dinero del narcotráfico. El centro de operaciones es el trópico de Cochabamba, entre otros departamentos en los que los lavadores de dinero, de capitales, son los financiadores, pero todo proviene del narcotráfico”, enfatizó Santiesteban en entrevista con Radio Fides.
El especialista sostuvo que esta situación dejó de ser un problema exclusivamente político para convertirse en una amenaza directa a la seguridad del Estado. Explicó que el centro de operaciones en el trópico cochabambino debe ser controlado por las Fuerzas Armadas, ya que la Policía no tiene la capacidad ni el entrenamiento necesario para afrontar situaciones de narcoguerrillas o insurgencia contra grupos armados.
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Frente a este escenario, Santiesteban planteó la aplicación del Decreto Supremo para el Estado de Excepción, a fin de habilitar la participación de las Fuerzas Armadas en el restablecimiento del orden.
El analista subrayó que cualquier intervención militar debe sustentarse en tres principios fundamentales reconocidos internacionalmente: la proporcionalidad (responder en función de la amenaza enfrentada), la legalidad (respaldo de las leyes vigentes, el Código Penal y el Órgano Judicial) y la oportunidad (acción justificada cuando la seguridad, la soberanía y la estabilidad democrática del Estado están en riesgo).
“Las operaciones militares tienen que ir empleándose de manera progresiva para el uso de la fuerza. El primer factor importante es la proporcionalidad, que usted responda en proporción a lo que se enfrenta para defender su vida y la vida de los ciudadanos. Segundo elemento es la legalidad, que esa legalidad te la respalda el código penal, las leyes en vigencia y el órgano judicial. Y la oportunidad en la que el Estado hoy está en peligro en cuanto a la seguridad, su propia soberanía y la estabilidad democrática, entonces claro que es oportuno”, detalló Santiesteban.
El experto remarcó que, si el Gobierno nacional no realiza estas acciones, perderá el control del Estado, que caerá en manos delincuenciales. “Cumpliendo esos tres requisitos, ¿qué derechos humanos pueden oponerse?”, concluyó Santiesteban en un duro cuestionamiento a quienes podrían bloquear una intervención militar en momentos que, según su diagnóstico, la amenaza de la narcosubversión ya no admite espera.