La comunidad de Seque Jahuira, en el municipio de Viacha, denunció una crisis ambiental que, según sus habitantes, ha provocado el deterioro de sus principales actividades productivas y amenaza la salud de las familias que permanecen en la zona.
Fuente: ANF
Pastor Mamani, dirigente comunal, afirmó que más del 50% de las áreas de cultivo dejaron de ser utilizadas debido a la contaminación del suelo atribuida al crecimiento de la actividad minera en el territorio.
Mamani sostuvo que la transformación de la comunidad fue profunda. Seque Jahuira, que durante años se caracterizó por su producción agrícola y ganadera, especialmente por la actividad lechera que abastecía a la empresa PIL, actualmente enfrenta la pérdida de pastizales y espacios productivos.
“Antes éramos una comunidad lechera, teníamos grandes establos; ahora solo quedan dos o tres familias con algunas vacas para sobrevivir”, señaló el dirigente a ANF.
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Según su testimonio, la presencia de plantas de procesamiento de minerales modificó la economía local. La expansión minera habría reducido las áreas disponibles para la agricultura y el pastoreo, afectando cultivos tradicionales como la papa.
Mamani aseguró que estudios realizados por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) determinaron que parte de los terrenos ya no son aptos para la producción debido a la presencia de sustancias químicas.
La preocupación de los comunarios no se limita al impacto económico. Mamani señaló que existe incertidumbre sobre posibles efectos en la salud de la población, debido a que en diciembre de 2025 se realizaron tomas de muestras biológicas a habitantes de Seque Jahuira, Contorno Bajo y Asiru Qollo para identificar la posible presencia de contaminantes.
La Defensoría del Pueblo informó en su momento que acompañó ese proceso como parte de sus acciones de protección de derechos humanos y de la Madre Tierra. La institución explicó que, por instrucción del Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, verificó que la recolección de muestras se realizara bajo protocolos técnicos y con respeto a los derechos de la población.
Durante el procedimiento se recolectaron 76 muestras, entre ellas sangre y orina de pobladores, además de muestras de agua de consumo humano. La Defensoría indicó que el objetivo era establecer el estado de salud de las familias ante las denuncias de posible contaminación vinculada a actividades mineras.
Sin embargo, hasta la fecha los resultados no fueron conocidos por los comunarios. Mamani cuestionó la falta de información y señaló que la población permanece a la espera de conocer si existen afectaciones por metales pesados u otras sustancias.
Sobre este punto, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) explicó que la Alcaldía de Viacha fue la instancia que se comprometió a realizar los análisis y entregar los resultados, pero que hasta el momento no remitió esa información. La Defensoría del Pueblo señaló que no cuenta con los resultados y que su participación estuvo enfocada en el acompañamiento del proceso. El Ministerio de Salud no respondió a la solicitud de información de ANF sobre los avances del análisis.
Otro de los reclamos de la comunidad está relacionado con el crecimiento de los asentamientos mineros. Mamani afirmó que en el último año el número de ingenios aumentó aproximadamente de 23 a 30 instalaciones, ocupando entre el 35% y 40% del territorio comunal.
El dirigente cuestionó además la ausencia de una consulta previa, libre e informada, al tratarse de una comunidad indígena aymara. Según explicó, los terrenos fueron vendidos inicialmente por antiguos propietarios a empresas ladrilleras y posteriormente revendidos a operadores mineros, pero la comunidad considera que estos procesos no tomaron en cuenta sus derechos colectivos.
Los comunarios también denunciaron falta de control estatal y aseguraron que, pese a contar con un fallo favorable del Tribunal Constitucional, las actividades mineras continúan desarrollándose sin cambios visibles. Mamani afirmó que las gestiones realizadas ante distintas instancias del Estado no tuvieron respuesta efectiva y reclama acciones de fiscalización ambiental y medidas de remediación.
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