El exdiputado Amilkar Barral denunció que Callisaya se negó a ser veedor constitucional del cumplimiento de la Resolución 149/2026, que ordena el levantamiento inmediato de los bloqueos y agregó que esta actitud de Callisaya responde a una “factura política” por su nombramiento durante el gobierno del MAS.
eju.tv / Video: CN3 Noticias
La senadora de Alianza Libre, Elena Pachacute, cuestionó duramente la actuación del Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, durante los 50 días de bloqueos y conflictos sociales que afectan al país, y anunció que elabora un proceso de fiscalización para evaluar su desempeño. La legisladora sostuvo que la institución ha mostrado “silencio e inacción” frente a las denuncias y perjuicios sufridos por sectores vulnerables, emprendedores y la población en general.
“Un silencio del Defensor del Pueblo. ¿Dónde está el Defensor del Pueblo? ¿Por qué no defiende a la ciudadanía, a la gente perjudicada? Entonces estamos elaborando también un proceso de fiscalización al Defensor del Pueblo”, enfatizó la senadora, al tiempo que señaló que en estos 50 días de conflictos no se observaron acciones concretas de la institución en favor de los afectados.
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Pachacute complementó que, durante la prolongada crisis de bloqueos de carreteras, la Defensoría del Pueblo no realizó acciones a favor de los sectores vulnerables, emprendedores y población en general. “Justamente por estos conflictos en los cuales se ha visto el silencio, no se ve una acción, también hay cierta inacción de estas autoridades”, remarcó la senadora, al justificar su iniciativa de fiscalización.
La fiscalización se suma a otras críticas contra el Defensor del Pueblo en las últimas semanas. El 12 de junio, la exdiputada Luciana Campero acusó a Callisaya de facilitar el ingreso de una misión argentina autodenominada de derechos humanos, integrada por activistas, dirigentes de izquierda junto con un connacional -que tiene una estrecha relación con el líder cocalero Evo Morales- en plena crisis. Además, el exdiputado Amilkar Barral denunció que Callisaya se negó a ser veedor constitucional del cumplimiento de la Resolución 149/2026, que ordena el levantamiento inmediato de los bloqueos.
Barral señaló que la actitud de Callisaya responde a una “factura política” por su nombramiento durante el gobierno del MAS. La senadora Pachacute insistió en que la fiscalización buscará establecer responsabilidades y conocer las medidas adoptadas por la Defensoría frente a la crisis, en medio de un creciente cuestionamiento ciudadano sobre el rol de la institución en la defensa de los derechos humanos durante el conflicto más largo de los últimos años en Bolivia.