La Asamblea debe recibir del Gobierno el paquete de leyes económicas, denominadas estructurales, entre las que se cuenta una nueva ley de hidrocarburos, minería, inversiones y electricidad, entre otras.
Luego de dos semanas de receso, los asambleístas retornarán este lunes, 20 de julio, a sus labores habituales. A su regreso les espera una agenda de prioridad económica que contempla el Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 reformulado y el paquete de leyes estructurales que el Ejecutivo debe enviar a la Asamblea para su tratamiento.
La madrugada del sábado, 4 de julio, la Cámara de Diputados aprobó el PGE y lo remitió a la Cámara de Senadores; sin embargo, debido a que ese era el último día de sesiones, esta no pudo considerar el proyecto de ley.
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Hasta la fecha, el país se maneja con el PGE elaborado por el Gobierno del expresidente Luis Arce, por lo que urge que se apruebe la nueva Ley Financial, que contempla, como proyección, una reducción del déficit fiscal del 16% al 9,2%, una inflación de 14 %, en contraposición al 20 % registrado en 2025, y un crecimiento “algo menor al 1 %.
Tras la aprobación del PGE en la Cámara Baja, el diputado de la alianza Libre, José Luis Porcel, aseveró que “no está perfecto”, pero da oxígeno a alcaldías, universidades y otros.
“No está perfecto el presupuesto, pero se avanzó, el país necesitaba un presupuesto, necesitaba oxígeno, alcaldías y universidades”, mencionó el diputado.
La Asamblea debe recibir del Gobierno el paquete de leyes económicas, denominadas estructurales, entre las que se cuenta una nueva ley de hidrocarburos, minería, inversiones y electricidad, entre otras.
El Ejecutivo manifestó que debido a los procedimientos que debe cumplirse se demoró el envío de las propuestas; sin embargo, lo hará de manera progresiva y se comenzará por la norma de inversiones.
Con el paquete normativo se pretende, desde el Gobierno, generar reglas más claras para la inversión pública y privada, promover la ejecución de proyectos productivos y fortalecer la competitividad de la economía boliviana en un contexto de desafíos fiscales y de necesidad de atraer mayor capital para impulsar el crecimiento.