Según el mencionado informe, la institución también ejerció su rol de veedora en tres procesos de diálogo entre sectores movilizados y el Gobierno nacional, además de realizar gestiones humanitarias para precautelar el ejercicio de derechos.
La Defensoría del Pueblo entre mayo y junio, durante el bloqueo de carreteras, realizó 30 gestiones de diálogo y registró 397 casos vinculados a la conflictividad social del momento, según el boletín digital Al día con los derechos humanos, Nro. 149, que difundió la institución.
De las 30 gestiones de diálogo, 13 se realizaron en el ámbito nacional y 17, en el subnacional. Estas acciones incluyeron cinco llamados urgentes al diálogo en coordinación con la Iglesia Católica y más de 130 organizaciones de la sociedad civil, con el propósito de prevenir una mayor escalada del conflicto y proteger los derechos humanos.
Según el mencionado informe, la institución también ejerció su rol de veedora en tres procesos de diálogo entre sectores movilizados y el Gobierno nacional, además de realizar gestiones humanitarias para precautelar el ejercicio de derechos.
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La Defensoría mantuvo su presencia técnica especializada en las zonas de mayor tensión, pese a enfrentar una reducción presupuestaria del 30% que afectó su estructura operativa y salarial desde mayo.
En el informe se agrega que la labor de la institución se centró en la generación de espacios de diálogo, la búsqueda de concertaciones y en el recordatorio constante de que ninguna medida de presión justifica la vulneración de los derechos fundamentales de la población.
Así también, el Sistema de Servicio al Pueblo (SSP) de la Defensoría registró un total de 397 casos relacionados con la conflictividad social, entre el 1 de mayo y el 16 de junio.
Los principales problemas estuvieron relacionados con la libertad de circulación de las personas paradas en puntos de bloqueo, solicitudes de gestión de pasos humanitarios (La Paz y Oruro), y derecho a la libertad y la situación de personas arrestados/aprehendidas durante el conflicto.
Asimismo, se identificaron afectaciones críticas al derecho a la integridad física, con un saldo de 88 personas heridas, de las cuales 41 fueron personas movilizados y 19 efectivos policiales.
En cuanto a presuntos fallecimientos, la institución defensorial documentó 22 casos ocurridos en este contexto. De estos, 19 corresponden a terceros afectados por los bloqueos, incluyendo pacientes oncológicos que no pudieron llegar a sus tratamientos y víctimas de accidentes en rutas alternas.
Ante esta situación, la institución ha instado al Ministerio Público a realizar investigaciones con celeridad y debida diligencia para garantizar justicia a las familias.
La Policía Boliviana fue la institución con mayor número de denuncias (43%), seguida por el Ministerio Público (15%), y el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (6%), principalmente por actos u omisiones que implican violaciones a los derechos individuales y colectivos.