UNFPA advierte que el aumento gradual de la población mayor de 65 años exigirá adaptar los sistemas de salud, protección social, pensiones y cuidados de larga duración para responder a una nueva realidad demográfica.

Bolivia comenzó a transitar hacia una estructura poblacional con una mayor proporción de personas adultas mayores, un proceso que demandará la adecuación de las políticas públicas para responder a los desafíos que plantea el envejecimiento de la población, según un análisis difundido por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
El documento indica que la población de 65 años o más pasó de representar el 5% del total nacional en 2001 al 7,4% en 2024, una tendencia que, junto con el aumento de la esperanza de vida y la reducción de la fecundidad, confirma que Bolivia avanza hacia una nueva etapa de su transición demográfica.
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Ante este escenario, el organismo sostiene que el país deberá anticipar respuestas en materia de protección social y adaptar progresivamente sus sistemas públicos para atender una población cada vez más longeva.
Entre las principales áreas señaladas figuran la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, el fortalecimiento de los servicios de salud para personas con enfermedades crónicas y el desarrollo de sistemas de cuidados de larga duración.
El análisis también destaca que el 69% de la población boliviana reside actualmente en áreas urbanas, lo que obliga a fortalecer la planificación territorial y la coordinación entre políticas urbanas y rurales para responder de manera adecuada a las necesidades de niñas, niños, jóvenes, adultos y personas mayores.
Asimismo, el UNFPA plantea que el país debe fortalecer su resiliencia demográfica, entendida como la capacidad de las instituciones para anticipar, adaptarse y responder a los cambios en el tamaño, la estructura y la distribución de la población.
En esa línea, recomienda incorporar de manera sistemática la información demográfica en la planificación pública y coordinar políticas de educación, salud, empleo, vivienda, protección social y cuidados que permitan atender las necesidades presentes y futuras de la población.
Finalmente, el organismo sostiene que responder de manera anticipada al envejecimiento poblacional será determinante para garantizar un desarrollo sostenible y preservar la calidad de vida de las próximas generaciones.