Por: Horacio Guido Valle Santa Cruz
En su origen bíblico, la frase “en bandeja de plata” implicaba entregar una cabeza para complacer un capricho real. Hoy la expresión ha perdido su carga de sangre, pero mantiene su esencia de sacrificio cada vez que el poder cede ante la presión sectorial y entrega privilegios, sacrificando el bienestar común para saciar intereses políticos personales. Bolivia acaba de vivir, una vez más, esa escena.
El acuerdo como síntoma
Tras más de 50 días de bloqueos que dejaron pérdidas estimadas en más de 3.000 millones de dólares, cadenas de suministro rotas y más de una decena de fallecidos, el Gobierno y organizaciones sociales firmaron un acuerdo que, en esencia, compró una pausa a un precio alto. En él, prácticamente el Ejecutivo es el único actor con compromisos que cumplir: no criminalizar la protesta, no privatizar empresas públicas estratégicas, transparentar negociaciones con organismos internacionales y socializar toda norma de alto impacto antes de su aplicación, entre otros puntos.
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A primera vista, esto podría parecer la atención de demandas bienintencionadas; pero lo más revelador no está en lo que se firmó, sino en lo que se consolidó de facto: una co-gobernanza informal, donde ciertos actores sectoriales obtienen poder de veto e impunidad, sin rendir cuentas ni pasar por ningún filtro democrático, a diferencia de una Asamblea Legislativa con representación electoral y debate público. La co-gobernanza no es mala en sí misma, ya que la participación de múltiples actores en la gestión pública puede ser positiva, sino que es insostenible cuando ese poder se ejerce mediante el bloqueo y la opacidad, respondiendo a intereses puntuales claramente identificables.
Los límites de la autonomía actual
Analizando la historia de la política boliviana, es posible identificar al poder centralizado como la manzana de la discordia, es necesario plantear una solución estructural que desconcentre el poder. Actualmente, el centralismo concentra las decisiones y el empleo de los recursos en un solo nivel de gobierno; por lo ello mientras el centralismo persista, cualquier grupo con capacidad de presión tendrá incentivos para tomar carreteras en vez de presentarse a elecciones, porque los espacios de “gobernanza” se concentran en un solo lugar.
En este sentido, ante un problema que trasciende a un gobernante de turno, se necesita una solución estructural: un modelo federal para desconcentrar el poder. La Constitución de 2009 y la Ley Marco de Autonomías N° 031 de 2010 abordaron la descentralización, pero a más de quince años de su implementación, sus resultados escuetos son evidentes: el poder sigue radicando en el centralismo. Bajo el modelo autonómico actual, el poder nace en el Nivel Central, que decide mediante normas nacionales qué competencias cede a departamentos, regiones y municipios; y esas reglas pueden modificarse con una ley nacional.
Cambios necesarios con el federalismo
Bajo un modelo federal, el poder nace originalmente de las regiones, que deciden unirse y ceder una parte de su poder al Gobierno Central; cada estado federado es soberano, con su propia constitución y poder judicial independiente, lo que abre ventajas como autonomía fiscal real, retención de recursos y definición propia de prioridades en educación, salud, infraestructura, recursos naturales y seguridad ciudadana. Así también se requiere que cada región pueda aprobar sus propios códigos civiles, comerciales, laborales o de tierras, adaptados a su realidad, siempre dentro de la Constitución Federal. También es necesario que cada estado cuente con sus tribunales superiores y jueces propios, de modo que los conflictos de cada región se resolverían en la misma región, reduciendo la injerencia política del centro sobre la justicia regional.
En suma, un modelo federal diluye el poder concentrado en un presidente de turno; este se reparte entre gobernadores y el aparato legislativo y judicial de cada región, con presupuestos propios garantizados por la Constitución, eliminando la capacidad de asfixiar económicamente a quien no responda a sus intereses políticos.
Los cuestionamientos a un modelo federal
Se objeta que un modelo federal generaría un desarrollo desigual entre regiones; sin embargo, esa asimetría ya es parte evidente de nuestra realidad, y las normas que ignoran el orden espontáneo de las interacciones humanas terminan chocando contra la naturaleza humana y los hechos reales. Por lo cual, aunque la política boliviana trata las desigualdades como un problema que puede solucionarse mediante voluntades y normas legales, ignorando el orden espontáneo de las interacciones humanas y la realidad social, es hora de observar cómo opera nuestra realidad, ya que las normas que emanen de esta ignorancia, no solamente dejan de ser útiles, sino que destruyen el orden social porque chocan frontalmente contra la naturaleza humana y los hechos reales.
Además, debemos aceptar que hoy convivimos bajo un esquema que confronta visiones de país muy diferentes, lo cual genera una forma de violencia política al asumirse medidas que se contraponen a estas formas de entender el desarrollo. En algunas regiones se desarrolló mayormente una cultura centrada en la redistribución y la desconfianza hacia el libre mercado, mientras que en otras se tiene mayormente una identidad vinculada al emprendimiento privado, la agroindustria y la inversión como motor de bienestar. El problema no es que existan esas diferencias que pueden ser consideradas legítimas, sino que el centralismo obliga a que una se imponga sobre la otra a escala nacional, convirtiendo cada elección y cada presupuesto en una coexistencia complicada.
Conclusión
Siendo realistas, el federalismo no elimina los conflictos: los redistribuye y mejora su gestión. Hay experiencias positivas como Alemania, Canadá o Estados Unidos, y fracasos como México y Venezuela, donde el gobierno central retuvo en la práctica gran parte del poder. Aun así, este camino ataca el problema de raíz, en lugar de negociar cada cierto tiempo el precio de la siguiente pausa.
Finalmente, tras estos conflictos la gente ya ha empezado a “votar con los pies”, es decir ha comenzado a desplazarse hacia las regiones que respondan a su visión de progreso y calidad de vida, porque la inversión no va donde se la invita; va donde se la respeta.