Una decisión que definirá el futuro de Bolivia
Bolivia atraviesa un momento decisivo. Después de ocho meses de gobierno, la principal urgencia nacional ya no es únicamente estabilizar la economía, sino construir las condiciones políticas que permitan hacerlo. Sin gobernabilidad parlamentaria, cualquier programa de recuperación económica corre el riesgo de quedar paralizado.
El país necesita con urgencia un marco jurídico que devuelva confianza a la inversión, impulse la producción y genere empleo. Entre las normas más importantes destacan una nueva Ley de Inversiones y una nueva Ley de Hidrocarburos, dos instrumentos indispensables para atraer capitales, recuperar la producción nacional y comenzar a revertir la profunda crisis económica que enfrentan millones de bolivianos.
Sin embargo, aprobar estas reformas exige una mayoría legislativa sólida.
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En el escenario inicial, el oficialismo contaba con un panorama aparentemente favorable: el PDC obtuvo 70 parlamentarios, Alianza Libre 53 y Unidad Nacional 35. Pero la realidad política ha cambiado rápidamente. Las diferencias internas entre el presidente Rodrigo Paz y el vicepresidente Lara han generado fracturas dentro del PDC. A ello se suma el reciente alejamiento de Unidad Nacional del bloque de gobierno y el progresivo endurecimiento de la posición de Alianza Libre, que pasó de anunciar una oposición “constructiva” a asumir una actitud cada vez más distante del Ejecutivo.
Este nuevo cuadro político obliga al Gobierno a revisar su estrategia. Gobernar hoy no consiste únicamente en administrar el Estado; implica construir consensos, generar confianza y ofrecer una visión de país capaz de convocar incluso a quienes piensan diferente.
En el debate público existen analistas que sostienen que algunos líderes opositores podrían estar privilegiando escenarios de desgaste político con la expectativa de un eventual proceso revocatorio que reconfigure el escenario electoral. Más allá de que esa interpretación pueda ser discutible, lo verdaderamente importante es recordar que Bolivia no puede convertirse en rehén de cálculos partidarios cuando la prioridad nacional es detener el deterioro económico y social.
La ciudadanía espera que tanto el Gobierno como la oposición comprendan la dimensión histórica del momento. La confrontación permanente puede generar réditos políticos de corto plazo, pero también puede profundizar la incertidumbre, desalentar las inversiones y prolongar el sufrimiento de millones de familias.
El presidente Rodrigo Paz enfrenta probablemente el mayor desafío de su gestión: construir una mayoría parlamentaria que garantice gobernabilidad sin renunciar al diálogo, la concertación y los acuerdos nacionales. Para lograrlo deberá realizar una lectura inteligente del momento político, tender puentes, escuchar, negociar y convocar a todos aquellos sectores que todavía anteponen el interés nacional a las diferencias partidarias.
Bolivia necesita menos estrategia electoral y más visión de Estado. Menos cálculo político y más responsabilidad histórica.
Porque cuando un país atraviesa una crisis tan profunda como la actual, bloquear las soluciones termina siendo tan grave como haber provocado los problemas. La historia juzgará a quienes, teniendo la oportunidad de contribuir a la recuperación nacional, decidieron privilegiar sus intereses antes que el futuro de doce millones de bolivianos.
Fernando Crespo Lijeron