El Gobierno mantiene su postura de no usar la fuerza letal, pero aseguró que la paciencia no es infinita. «Tengan la certeza de que más temprano que tarde tendrá que rendir cuentas a la ley,» sentenció el vocero, que dejó claro que el Ejecutivo no cejará en su empeño de que Morales enfrente los procesos judiciales que tiene pendientes, aunque el costo político y social de una eventual captura es una incógnita en el escenario nacional.
eju.tv / Video: Cadena A
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, afirmó hoy (30) que el Gobierno no pondrá en riesgo la vida de ningún ciudadano para lograr la aprehensión del exmandatario Evo Morales, a pesar de que el líder cocalero habría montado una «barrera humana» con el fin de impedir su detención y evitar rendir cuentas ante la justicia por los procesos pendientes que enfrenta. En un mensaje dirigido a la ciudadanía, el portavoz del Ejecutivo insistió en que el Estado actuará con responsabilidad y respeto a los derechos humanos, pero advirtió que «más temprano que tarde» Morales deberá presentarse ante la ley.
«Nadie está por encima de la ley y todos tenemos que presentarnos ante la ley cuando somos requeridos y eso es lo que debe suceder, pero también hay una escala de valores muy clara, nosotros no estamos dispuestos a sacrificar una sola vida porque Evo Morales no lo merece, no hay por qué los bolivianos tengan que morir y lo que Evo Morales ha hecho es poner un cinturón humano, una barrera humana con la idea de que mueran muchos antes de que él pueda presentarse ante la ley,» enfatizó Gálvez al ser consultado sobre la estrategia del exmandatario para eludir su aprehensión.
El vocero remarcó que el Gobierno es «plenamente respetuoso de la independencia de poderes» y que se suma al «clamor popular» para que todas las instancias del Estado funcionen de manera apropiada. En ese sentido, criticó la concentración de poder que, dijo, caracterizó a las gestiones del Movimiento al Socialismo, cuando Morales y luego Luis Arce pretendían controlar los cuatro poderes del Estado y el Ministerio Público.
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«Nosotros estamos en pleno ejercicio de la democracia, la estamos reconstruyendo entre todos los bolivianos,» afirmó Gálvez, al tiempo que insistió en que cualquier proceso judicial debe sujetarse al debido proceso.
El portavoz también se refirió a otras denuncias de corrupción que involucran a exautoridades del régimen anterior, como el caso del Fondo Indígena, donde Nemesia Chacollo es una de las principales acusadas, y otros expedientes que, a su juicio, son «muestras de abuso concreto del poder».
Gálvez exigió que todas las personas con procesos pendientes, «incluido el señor del Chapare», se presenten ante la justicia y den sus explicaciones, porque «no pueden quedar insatisfechas las demandas de la ciudadanía». Según el vocero, el legítimo ejercicio de la democracia exige que la ley se aplique plenamente y sin excepciones.
Por último, el Gobierno mantiene su postura de no usar la fuerza letal, pero aseguró que la paciencia no es infinita. «Tengan la certeza de que más temprano que tarde tendrá que rendir cuentas a la ley,» sentenció el vocero, que dejó claro que el Ejecutivo no cejará en su empeño de que Morales enfrente los procesos judiciales que tiene pendientes, aunque el costo político y social de una eventual captura es una incógnita en el escenario nacional.