El viceministro de Presupuesto afirmó que el debate sobre la redistribución de recursos entre el nivel central y las entidades territoriales debe formar parte de una reforma estructural del Estado y anticipó medidas para fortalecer la autonomía de gestión de gobernaciones y municipios.
eju.tv / Video: LHP
El viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Jaime Coronado Quintanilla, sostuvo que el debate sobre la redistribución de recursos entre el Gobierno central y las entidades territoriales autónomas debe abordarse como parte de una reforma integral de las relaciones fiscales del Estado y no limitarse únicamente a una discusión sobre porcentajes de coparticipación.
La autoridad explicó que propuestas como el denominado ‘50-50’ requieren un proceso de diálogo amplio que incluya la revisión de competencias, responsabilidades y mecanismos de financiamiento entre los distintos niveles de gobierno.
«Ese es un debate mucho más profundo. No es solamente un tema de más recursos; es un tema de competencias y recursos para que el Estado funcione mejor. Es un proceso de diálogo que probablemente no concluya en un solo presupuesto y que incluso pueda extenderse durante varias gestiones», afirmó Coronado.
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Mientras ese proceso avanza, el viceministro aseguró que el Gobierno comenzó a aplicar medidas orientadas a otorgar mayor capacidad de gestión a gobernaciones, municipios y universidades públicas, reduciendo trámites administrativos y ampliando sus márgenes de decisión.
Diputados votan por la aprobación del PGE 2026. Foto: Cámara Baja.
Entre las acciones mencionó modificaciones contenidas en el proyecto de Ley Financial, que permitirán a las entidades territoriales realizar determinadas operaciones sin requerir autorizaciones previas del Ministerio de Economía, además de cambios en la estructura de recaudación tributaria que incrementarán los recursos transferidos por coparticipación y regalías.
«Hemos cambiado la forma de recaudar los impuestos, privilegiando recursos efectivos que sí se coparticipan. Eso permitirá que las entidades territoriales reciban más de dos mil millones de bolivianos adicionales durante esta gestión. Son medidas de corto plazo mientras avanzamos hacia una reforma más estructural», explicó.
Coronado insistió en que el fortalecimiento de los gobiernos subnacionales constituye uno de los objetivos de la actual política fiscal, aunque remarcó que cualquier modificación permanente en la distribución de recursos deberá surgir del consenso entre los distintos niveles del Estado.
«No quiere decir que no avancemos. Estamos dando pasos concretos para fortalecer la gestión de las entidades territoriales, pero la redefinición de las relaciones fiscales del país debe construirse mediante acuerdos que garanticen estabilidad y sostenibilidad en el tiempo», refirió.