Los imputados son familiares del principal sospechoso, quien continúa prófugo. La Fiscalía los acusa de trata de personas con fines de reclutamiento para conflictos bélicos.
La Justicia instaló la tarde de este sábado la audiencia de medidas cautelares contra los tres familiares del principal sospechoso de integrar una red de reclutamiento de bolivianos para enviarlos a la guerra entre Rusia y Ucrania. La Fiscalía solicitó su detención preventiva al considerar que existen suficientes indicios de su participación en el delito de trata de personas con fines de reclutamiento para conflictos bélicos.
El Ministerio Público informó que la imputación formal ya fue presentada y que sustentará el pedido de encarcelamiento con los elementos recolectados durante la investigación.
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«El Ministerio Público ha presentado la imputación formal por el delito de trata de personas con fines de reclutamiento y defenderá esa imputación para precautelar los derechos y garantías de las víctimas», afirmó el fiscal Cavero antes del inicio de la audiencia.
Según la Fiscalía, la investigación permitió reunir indicios que vinculan a los tres procesados con la estructura que habría captado a ciudadanos bolivianos mediante ofertas de trabajo difundidas en redes sociales para posteriormente trasladarlos hasta Rusia.
Cavero explicó que, además de las declaraciones de las víctimas y sus familiares, durante los allanamientos se secuestraron diversos objetos, entre ellos pasaportes que forman parte de la investigación.
Aunque evitó detallar las pruebas por la reserva del caso, señaló que existen elementos indiciarios que permiten establecer la presunta participación individual de cada uno de los imputados.
Respecto al principal sospechoso, Amador M. A., el fiscal confirmó que continúa prófugo y aseguró que ya se activaron mecanismos para dar con su paradero.
«El señor Amador aún se encuentra en la clandestinidad. Es una persona prófuga y el Ministerio Público, junto con la Policía Boliviana, ha activado todos los mecanismos para su búsqueda», indicó.
La autoridad evitó confirmar si existe una alerta migratoria u orden de aprehensión vigente, argumentando que esa información forma parte de la reserva investigativa.
La defensa niega participación
Por su parte, el abogado de los imputados, Ronny Éguez, rechazó las acusaciones y sostuvo que sus defendidos no tienen ninguna participación en la supuesta organización criminal. «No tienen participación alguna. El hecho de que sean familiares del principal investigado no constituye un delito», afirmó.
El jurista anunció que durante la audiencia presentará incidentes y documentación para solicitar la libertad de los tres procesados.
Asimismo, cuestionó que hasta el momento la Fiscalía no les hubiera exhibido parte de las evidencias mencionadas públicamente, entre ellas pasaportes e indumentaria militar.
«Se habla de pasaportes y vestimenta militar, pero hasta el último momento el Ministerio Público no nos mostró esos elementos», señaló.
Sobre los pasaportes encontrados durante el allanamiento, Éguez aseguró que, según la versión de sus clientes, dichos documentos fueron dejados en la vivienda por Amador, quien residía junto a sus hermanos.
«Ellos indican que el señor Amador introdujo esos documentos sobre un ropero, donde posteriormente fueron encontrados. Mis defendidos desconocían su contenido», sostuvo.
La defensa también aseguró que los tres imputados trabajan como taxistas y que hace aproximadamente un mes o mes y medio perdieron contacto con el principal investigado.
Familias siguen esperando noticias
Mientras la audiencia se desarrolla, los familiares de los bolivianos que viajaron a Rusia continúan aguardando información sobre sus seres queridos.
La investigación del Ministerio Público surgió tras las denuncias de familiares que aseguraron que al menos 16 jóvenes fueron captados con falsas promesas de empleo y elevados salarios para viajar al exterior. Una vez en territorio ruso, presuntamente terminaron incorporados al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.
Las autoridades mantienen abierta la investigación y no descartan nuevas aprehensiones conforme avance el análisis de los dispositivos electrónicos, documentos y demás evidencias secuestradas durante los operativos.