El ministro de Defensa afirmó que las investigaciones sobre el dirigente campesino Vicente Salazar deben desarrollarse con respeto al debido proceso y sostuvo que los más de 50 días de bloqueos dejaron graves consecuencias para la población y la economía del país.
eju.tv / Video: MD
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda, afirmó este sábado que el derecho a la protesta está plenamente garantizado en Bolivia, pero recordó que los bloqueos que paralizaron el país durante más de 50 días generaron afectaciones a derechos fundamentales de la población y no deben quedar en la impunidad.
Consultado sobre la aprehensión del dirigente campesino Vicente Salazar y la declaración de emergencia asumida por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la autoridad señaló que corresponde al Ministerio Público y a la justicia determinar las responsabilidades dentro del marco del debido proceso.
“Es importante hacer notar a la población que se está cumpliendo el debido proceso. En Bolivia está permitido protestar, pero realmente lo que no está permitido es bloquear”, afirmó Justiniano.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
El ministro recordó que los bloqueos registrados durante más de cincuenta días afectaron el normal funcionamiento del país y comprometieron el acceso de la población a servicios esenciales, además de provocar perjuicios a distintos sectores económicos.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, saluda a uno de los rescatistas militares. Foto: MD
“Han estado las ambulancias en emergencia, los alimentos que no podían llegar, los combustibles que tampoco podían llegar y realmente hemos estado en vilo durante muchos días en el país”, sostuvo.
Justiniano manifestó que espera que las investigaciones avancen conforme a los procedimientos legales y reiteró que serán las autoridades competentes las encargadas de definir la situación jurídica del dirigente campesino.
“Esperamos que la justicia y la Fiscalía tomen los caminos que correspondan cumpliendo los procesos y, en función de eso, se defina cuál es el destino que va a tener el señor Vicente Salazar”, señaló.
La autoridad también enfatizó que las consecuencias de los bloqueos trascendieron el ámbito de la protesta y tuvieron un impacto directo sobre la economía y la vida cotidiana de los bolivianos.
“Bolivia estuvo en emergencia durante más de cincuenta días. Incluso hoy hay personas que continúan enfrentando una emergencia económica. Fue una situación muy dura y, como dijimos en su momento, esto no puede quedar en la impunidad”, concluyó.