La convocatoria de Mérida se conoce horas después de que el comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, compareciera en esta jornada ante el Ministerio Público, también en calidad de testigo por el mismo caso.
El Ministerio Público citó la anterior semana a declarar en calidad de testigo al director general de Régimen Penitenciario, Daniel Mérida Balderrama, dentro de la investigación por la fuga de privados de libertad registrada en los penales de Chonchocoro, y Qalauma, ambos en La Paz, a finales de 2025.
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De acuerdo con la citación fiscal, Mérida debe presentarse este lunes por la tarde ante la comisión de fiscales de la Fiscalía Especializada en Anticorrupción de El Alto para prestar su declaración testifical en el proceso seguido por los presuntos delitos de evasión y otros.
El documento, firmado por el fiscal de materia Weimar Molina López, advierte que, en caso de incumplir la convocatoria, podrán aplicarse las medidas previstas en el artículo 198 del Código de Procedimiento Penal, incluida la emisión de un mandamiento de aprehensión.
La convocatoria al director de Régimen Penitenciario se conoce horas después de que el comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, compareciera en esta jornada, en horas de la mañana, ante el Ministerio Público, también en calidad de testigo, dentro de la misma investigación.
La Fiscalía busca establecer posibles responsabilidades por las evasiones registradas en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro y en el centro de reinserción social Qalauma, hechos que derivaron en un proceso penal por los delitos de evasión y otros.
La investigación tiene como principal antecedente la fuga de dos ciudadanos brasileños del penal de Chonchocoro, que se registró el 17 de diciembre de 2025. Tras conocerse el escape, la Fiscalía realizó actuaciones en el recinto penitenciario y ordenó la aprehensión del sargento de la Policía que se encontraba de servicio en el sector por donde habrían escapado los internos.
Con la declaración del director de Régimen Penitenciario, el Ministerio Público continúa recabando testimonios para esclarecer las circunstancias en las que se produjeron las fugas y determinar si existieron responsabilidades administrativas o penales de funcionarios vinculados a la seguridad de los recintos penitenciarios.
