La entidad sostiene que cada empresa presenta problemas distintos y que cualquier decisión sobre su continuidad, reestructuración o cierre deberá sustentarse en evaluaciones técnicas y legales para resguardar los recursos públicos.
El director general ejecutivo de OFEP, Pablo Camacho. Foto: OFEP
eju.tv / Video: LHP
El director general ejecutivo de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), Pablo Camacho, anunció que el futuro de las empresas estatales con quiebra técnica será definido a partir de auditorías integrales y evaluaciones técnicas, antes de adoptar decisiones sobre su continuidad, reestructuración o eventual cierre.
La autoridad explicó que el análisis no obedece a criterios generales, ya que cada empresa presenta problemas distintos relacionados con su diseño, financiamiento, ubicación, operación o nivel de producción. «Se deben realizar auditorías integrales para verificar las condiciones en las que fueron creadas y determinar qué decisión conviene más a los bolivianos», señaló.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Camacho indicó que la OFEP trabaja con una metodología internacional de evaluación de empresas públicas y que complementará en las próximas semanas el diagnóstico financiero presentado recientemente. Esa información será remitida al Consejo Superior Estratégico de las Empresas Públicas (COSEP), instancia que deberá analizar los resultados junto con los ministerios involucrados para definir el futuro de cada empresa.
Asimismo, señaló a La Hora Pico de eju.tv que el Gobierno ya comenzó a adoptar medidas para reducir el gasto destinado a empresas deficitarias y recordó que el Ministerio de Economía anunció una disminución de Bs 3.800 millones en las asignaciones previstas para este sector en el presupuesto reformulado.
Respecto a los trabajadores de las empresas observadas, Camacho afirmó que cualquier decisión deberá realizarse mediante un proceso ordenado y con respaldo normativo, evitando acciones que posteriormente puedan generar conflictos administrativos o judiciales. «Tiene que ser un proceso ordenado; se debe mostrar al país la información y contar con la norma correspondiente antes de tomar decisiones», afirmó.
El director de la OFEP sostuvo que el propósito del proceso es establecer criterios técnicos para determinar qué empresas pueden ser reestructuradas, cuáles requieren otras medidas y cómo resguardar los recursos públicos comprometidos en cada caso, priorizando la sostenibilidad financiera por encima de consideraciones políticas.
