ENTREVISTA. El Defensor del Pueblo cumple cuatro años de su mandato elmes de septiembre, sostiene que la polarización también afecta a la representatividad e interlocución de la institución que dirige.
Fuente: ANF
Pedro Callisaya Aro (55) en septiembre de este año cumplirá cuatro años al frente de la Defensoría del Pueblo, después de la última protesta que duró 53 días, sospecha que la tendencia de conflictividad que denominan “Camello” con base en la información de su Sistema Inteligente de Monitoreo y Análisis y Alerta Temprano (SIMAT) puede repetirse entre octubre o noviembre de este año y recomienda atender las demandas y problemas que están latentes.
En una entrevista con la ANF habló sobre diversos temas, la última crisis política que ha profundizado la desconfianza en las institucionales estatales y en las organizaciones sociales, la polarización y desinstitucionalización en un país que arrastra estos problemas hace años. Sobre la baja en la credibilidad de la democracia y cómo esta ha sido afectada por los intentos de perpetuación en el poder como buscó el gobierno de Evo Morales.
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Asegura que tiene una agenda en derechos humanos y no política. Dice que su vocación en esta materia proviene desde su primer paso por la Defensoría del Pueblo donde ingresó cuando tenía 27 años y permaneció 11 años desde la creación de esa institución.
Callisaya es el centro de críticas porque arrastra el apoyo que le dio el Movimiento al Socialismo en la Asamblea Legislativa Plurinacional para su elección en 2022, sin embargo, dice de forma taxativa que no le debe nada a esa organización política que se quedó en el gobierno 19 años (2006-2019 y 2020-2025)
Comenta que el reflejo de su independencia son las acciones legales y constitucionales que ha planteado la Defensoría en diferentes temas, el ataque del exministro de Gobierno Eduardo del Castillo, entre otros.
Agencia de Noticias Fides (ANF).- Un problema grave es el deterioro de la confianza ciudadana, ¿Dónde está el origen de la desconfianza? ¿Qué nos ha pasado a qué atribuye esta situación?
Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.– Venimos arrastrando desde hace algún tiempo situaciones que han fracturado el tejido social, han fracturado dentro de la sociedad la cohesión y estas brechas se han ido profundizando mucho más desde el 2019.
Con estos procesos de crisis económica, política y social se ha ido profundizando bastante esta situación. Coincido contigo en el sentido de que hay un debilitamiento institucional que no solamente provoca una interpelación, sino una desconfianza.
No solamente está (la desconfianza) en el ámbito estatal, sino también en el ámbito social, porque la sociedad se mueve a través de representaciones naturales, organizaciones sociales y entidades de la sociedad civil. Hay una fractura tremenda en cuanto al tema de representatividad.
Hay un debilitamiento en la sociedad y por eso estos hechos de conflictividad no terminan de ser los mismos que se han suscitado hace 10 o 20 años en los que la interlocución, la representación estaba claramente definida y se podía generar espacios de diálogo y de resolución (de conflictos) (…) y no violenta de estas polaridades.
ANF.- A este escenario, ¿Cómo ha contribuido la desinstitucionalización del Estado y de las organizaciones sociales que además han sido divididas y fracturadas?
Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.- Definitivamente. Fíjate, hasta antes de que elijan al Fiscal General del Estado, la Defensoría del Pueblo era una de las pocas instituciones con titular; las demás, el Banco Central, la Contraloría, la Aduana continúan con interinatos. Más allá de quitarle credibilidad, le quita gestión y, por lo tanto, la posibilidad de ser referenciados por la ciudadanía como una instancia de solución.
Entonces, definitivamente es una de las formas en que se debilita la institucionalidad del Estado, y, por el lado de la sociedad existe esa práctica para dividir las organizaciones sociales, generar paralelismo, cooptar dirigencias.
(…) Creo que hay un efecto mayor y es el debilitamiento en la credibilidad respecto de la democracia. Recuerdo el año 2024 y 2025, el 51%, de la población boliviana, según el Latinobarómetro, no tenía confianza en el nivel democrático. Y esto es muy alarmante porque las instituciones que deberían resolver los problemas comunes en democracia pierden esa posibilidad de hacerlo. El concepto ha cambiado de la democracia que hemos vivido en la conquista en la década de los 80, la retoma después de la dictadura tiene otra connotación mucho más de necesidades diarias que tiene la población. Así que si no respondes a través del sistema democrático estas necesidades, se genera desconfianza.
ANF.- Defensor, ¿cuánto cree usted que ha afectado a la democracia que un gobierno se haya querido perpetuar (en el poder)? ¿Qué haya líderes que hayan querido ampliar sus mandatos por tanto tiempo?
Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.- Hay que mirar esta situación a través también de ejemplos no solamente nacionales para no entrar a un escenario muy restrictivo.
Por ejemplo, Alemania ha estado con Angela Merkel con diferentes gestiones. Hay sistemas constitucionales que permiten una reelección.
ANF.- Que no era el caso boliviano ¿no?
Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.- Que no era el caso boliviano. Más allá de esa situación, a lo que quiero llegar es que creo que es saludable generar espacios de renovación, pero es la propia normativa interna la que tiene que ser clara al momento de la regulación para evitar cualquier distorsión que se pueda presentar.
Ha habido en el caso boliviano un momento de inflexión que creo ha sido el 2017 cuando se ha emitido una sentencia del Tribunal Constitucional haciendo una interpretación por encima de un referéndum que era contrario a una selección y continuada.
Pero también ha habido otro exceso, suponemos, al margen del texto de la Constitución cuando se habla de la prohibición de la reelección aun cuando esta sea discontinua, por eso es necesario poner claras las reglas de juego porque eso genera confianza en la democracia, porque sino va a venir cualquier régimen de cualquier origen y va a querer cambiar (la Constitución) porque la pretensión de perpetuarse en el poder no tiene nombre.
ANF.- Muchas cosas se han desatado producto de la reelección. El incumplimiento al referéndum, que los magistrados del Tribunal Constitucional se pronuncien incluso sobre la decisión soberana del pueblo.
Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.- Habla en su texto de un límite, pero las interpretaciones que se han hecho también y creo que hay que tener mucho cuidado en realizarlo.
He sido muy reflexivo en torno al rol que ha tenido el Tribunal Constitucional desde el 2017, me parece que ha sido el momento en que el Tribunal Constitucional ha perdido institucionalidad.
ANF.- Defensor, antes era muy común escuchar, hace casi 20 años, de los procesos de negociación y mediación con las organizaciones. De la iglesia, la Defensoría, pero después han ido perdiendo confianza y credibilidad. ¿Cómo ha afectado eso en el último conflicto?
Defensoría del Pueblo, Pedro Callisaya.- Yo he sido parte de la construcción de esta institución, estuve los primeros 11 años. He sido operador, investigador de quejas en la ciudad de El Alto, primero; luego aquí en La Paz (…)
Es importante contextualizar el periodo en el que se ha instituido la Defensoría del Pueblo y posteriormente -incluso- con Waldo Albarracín, un poco antes, Rolando Villena, podríamos decir que la situación de conflictividad nunca ha sido similar a este periodo actual.
En este último reporte que hemos hecho sobre conflictividad, identificamos 212 conflictos activos. ¿Entre qué periodos? Solamente en el semestre de esta gestión 2026. Hay un proceso ascendente de conflictividad. El 2025 hemos terminado con 841. (…) Hay una ascendente y permanente situación de conflictividad, por un lado, y por el otro, efectivamente este ciclo que ahora estamos viviendo luego de este proceso de debilitamiento institucional estatal y social no era tan evidente ni en la magnitud que tenemos ahora (…)
Por otro lado, (…) antes se actuaba en una triada. Es decir, Asamblea de Derechos Humanos, Iglesia y Defensoría del Pueblo. Hoy, no tenemos una Asamblea de Derechos Humanos unificada, fortalecida, se ha generado todo un proceso de fragmentación.
En cuanto a la Iglesia, en este último conflicto nosotros hemos rescatado la posibilidad de actuar conjuntamente. Y hemos hecho diferentes acciones de diálogo, acercamiento, sin embargo, esta falta de representatividad, debilitamiento institucional perjudica al momento de llegar a buen término en estos procesos de construcción de confianza en el diálogo. (…)
ANF.- En el último conflicto hacía afuera había la percepción de que la Iglesia y la Defensoría no avanzaban un diálogo real y efectivo para bajar la tensión.
Defensoría del Pueblo, Pedro Callisaya.- Para que haya un diálogo efectivo, las partes que se encuentran en la conflictividad; primero, tienen que tener una real voluntad de dialogar; segundo, no tienen que poner condiciones; y, tercero, deben estar dispuestos a cumplir los acuerdos a los que se lleguen.
ANF.- ¿Esos tres elementos no se cumplían en el conflicto?
Defensoría del Pueblo, Pedro Callisaya.- No, ni siquiera el primero porque si bien, es cierto, discursivamente había una serie de manifestaciones de que ‘sí queremos dialogar’. Pero en los hechos el uso de la palabra ha derrumbado todos los procesos de avance que hemos tenido con la Iglesia. (…) Porque en común hemos hecho diferentes actividades que nos han permitido acercar a las partes, por lo menos en varios lugares.
En retrospectiva hemos tenido por lo menos dos acuerdos muy importantes con los movilizados y que fruto de este debilitamiento de representatividad han tenido dificultades en su cumplimiento, porque han bajado a las bases, las bases han tenido una serie de observaciones y esto ha provocado que caiga lo acordado.
(…) A mí me han criticado y me han dicho ‘¿Por qué no pones un día y una hora?’, pero así no se maneja el tema del diálogo, son procesos de construcción (con las partes). Hay que hablar con uno, se genera la confianza con el otro, se hace una previa agenda, hay infinidad de pasos que hay que ir cumpliendo. Probablemente por el transcurso de los días, las limitaciones a las que han sido sometidas la población de la ciudad de La Paz e incluso de El Alto no se entendía.
ANF.- Defensor, durante los 53 días de conflicto se ha cuestionado que no haya condenado con vehemencia la “protesta” como acción violenta. Había una población vulnerada en varios de sus derechos, asediada y asustada.
Defensoría del Pueblo, Pedro Callisaya.- Hay que tener en cuenta diferentes acciones que ha realizado la Defensoría. Desde el día uno de la conflictividad, en una conferencia de prensa claramente dijimos que si bien es cierto que el derecho a la protesta tiene su fortaleza en la construcción y fortalecimiento de una democracia porque son ejercicios de interpelación al poder, también tiene límites.
Son estándares internacionales que refieren que (la protesta) no puede limitar derechos de terceras personas (…) Nada puede justificar el hecho de cegar una vida o limitar el acceso a la salud.
Es importante tener presente que en el tema de medicamentos, alimentos, oxígeno, pasos de ambulancia, los bloqueos, etcétera, son parte de las competencias de diferentes instituciones del Estado.
A mí me han reclamado, por ejemplo, por qué no se estaba previendo el tema de alimentación. Ahí yo digo, ¿cuál es la competencia que nosotros tenemos? Exigimos a la alcaldía, a la gobernación, al igual que al Ministerio de Salud. Hemos llegado a tal traslación de responsabilidades que del Ministerio de Salud me mandaban casos para que yo haga pasar las cisternas de oxígeno. Y lo hemos hecho en dos o tres ocasiones.
(…) Incluso me han reclamado, ‘¿por qué no desbloqueamos?’ Yo no tengo un mandato para desbloquear. He privilegiado (…) el diálogo, porque no puedo desde la institución promocionar la violencia ni entre ciudadanos y mucho menos del Estado hacia la ciudadanía. (…)
Hemos emitido un tercer reporte donde específicamente hemos visibilizado los derechos de los terceros afectados, que no tiene nada que ver con los movilizados, que no tiene nada que ver con el gobierno, pero que sí han resultado afectados en salud, educación, trabajo, alimentación, en tantas cosas.
En el caso, por ejemplo, de los transportistas, incluso hemos hecho comunicaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la finalidad de que presione al gobierno para que pueda solucionar en una temática. De estas personas varadas en las carreteras, pues obviamente estaban aisladas y no tenían acceso mínimamente a alimentación.
ANF.- Pero ¿cómo el gobierno podía hacerlo si la posición de los movilizados era cerrada? No había una agenda sobre la cual se negocie. La COB, por ejemplo, retiró su pliego petitorio y se dedicó a un solo pedido que era la renuncia. No sé si usted cree que eso es democrático o antidemocrático. De los señores Ponchos Rojos nunca se supo cuál era su agenda.
Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.- Sí, pero creo que hay que hacer un análisis integral de toda la situación, antes y después de esos 53 días. Para nosotros es vital poner énfasis en la prevención, en la gestión previa de la conflictividad.
Esto nace el mes de abril. Cuando la marcha de los campesinos de Pando por la ley 1720. Desde 1952 hasta ahora se han generado 11 movimientos históricos por el tema de tierras han cuestionado, han interpelado fuertemente al Estado. Y no con una ley 1720 que se dice que es a favor de los pequeños propietarios, pero ha sido promulgada en la Cámara Agropecuaria de Oriente y sin una participación efectiva de los supuestos beneficiarios, pues se ha generado todo este problema.
Tenemos notas dirigidas, primero, al ministro de la Presidencia, (José Luis Lupo), al presidente de la Cámara de Diputados para que no se sancione esa normativa sin haber deliberado antes con los actores, incluso al Presidente (Rodrigo Paz) para que no promulgue, y que los escuche, primero, luego se expliquen (los del gobierno) por qué están sacando este tipo de normas.
Pero (hay una) falta de escucha, participación y consideración deliberativa en la toma de decisiones, lo que ha sumado diferentes actores. No hay que olvidar que antes del Primero de mayo ya había un cabildo convocado por el señor Nilton Condori, después la COB ya había realizado un cabildo y un mes antes ya tenía un pliego de peticiones que creo que era alrededor de 100 puntos. O sea, que había una agenda que debió haberse trabajado anteriormente.
ANF.- Sí, pero abandonaron su pliego y se cerraron en la renuncia y nada más, lo que demostraba que había otros intereses…
Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.- Sí, eso también mostraba que había otros intereses, con seguridad. En algún momento decíamos esto ha escalado rápidamente a un nivel político, en el que también ameritaba unas respuestas de similar naturaleza por parte del gobierno. Porque en el fondo también supongo que ha habido una interpelación al gobierno con la finalidad de generar espacios de toma de decisión dentro de la gestión pública.
ANF.- ¿Usted cree que después de los tres meses del estado de excepción exista una retoma de la conflictividad o usted cree que ya nos calmamos todos?
Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.- Tenemos un sistema que se llama SIMAT de alerta temprana en temas de conflictividad, hemos sistematizado, los últimos 5 años, el comportamiento de la conflictividad en el país. La tendencia que arroja la hemos denominado ‘Camello’ porque tiene dos jorobas (conflictos) en el año.
¿Cuál es la tendencia? La primera, está vinculada a un ciclo de conflictividad entre abril y mayo, más o menos, que comúnmente se da por temas de reivindicaciones salariales, acomodos laborales y una serie de cosas. Y la segunda, está entre octubre y noviembre, que generalmente son temas más estructurales, más políticos.
Hemos transitado esta gestión un ciclo de similar naturaleza, aunque hemos heredado del mes de diciembre hasta enero un conflicto que se ha dado por el decreto 5503, pero hemos empezado desde abril acumulando hasta el mes de mayo, junio, julio un conflicto que está dentro de esa misma temática.
La otra tendencia es la de octubre y noviembre y nos preocupa porque creemos que todavía hay algunos temas pendientes estructurales que hay que atender adecuadamente. Desde hace unas dos o tres semanas estamos permanentemente haciendo alertas tempranas (…)
Por ejemplo, el tema del combustible ha aportado a la conflictividad, el tema de los medicamentos y atención médica que también están altamente debilitados. Recién estamos saliendo de un problema de los enfermos renales. En El Alto, pacientes oncológicos que han iniciado una huelga, hay temas de medioambiente. Entonces son asuntos que se van acumulando.
Hemos alertado, por ejemplo, el tema del ‘superniño’, que si no tomamos medidas de prevención con la debida antelación, vamos a tener en el último trimestre de este año situaciones que esperemos no acontezcan con las poblaciones que son las más vulnerables y las que sufren los incendios o el tema de sequías.
Así hemos ido alertando varios temas para que las instituciones competentes puedan asumir las acciones que sean necesarias (…)
ANF.- ¿Cuánto le ha afectado ser elegido por el MAS en la Asamblea Legislativa? Para muchos es la Defensoría “azul”. ¿Usted le debe algo al MAS?
Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.- Definitivamente nada. Y te aclaro la respuesta, que creo que hay que verla de una manera general. Un antes y un después de la designación.
Yo he sido partícipe de una convocatoria pública, he sacado la mejor nota en la evaluación de méritos, la mejor nota en los exámenes que han sido públicos, lo que me ha ubicado en el primer puesto de los siete clasificados en la Asamblea Legislativa. Hay todo un proceso previo a la designación que acredita la legitimidad de mi postulación en términos de idoneidad.
Hay que recordar que dos tercios (de votos) son necesarios para construir una decisión de la Asamblea Legislativa (…) Y no por ello se ha comprometido la gestión posterior de ninguno de los defensores, incluida mi persona.
Ahora vayamos a la post designación. Un indicador grande (del trabajo) es que nosotros tenemos como promedio 25 acciones judiciales constitucionales, hemos planteado, no solamente durante este gobierno, sino en el anterior gobierno que van desde temas tan sensibles como el litio, 19 contratos mineros, el río Beni, incendios.
Hasta temas de derechos civiles como el de la exhibición de los aprehendidos en medios de comunicación, lo que nos ha costado una crítica grande del anterior ministro de Gobierno (Eduardo del Castillo), nos ha dicho que éramos defensores de delincuentes (…)
Son marcadores de la gestión que se realiza en términos de independencia y decirle que la institución no tiene una agenda política, tiene una agenda de derechos humanos.
Es más, yo tengo una formación y una opción totalmente institucionalista. De hecho, cuando he recibido la institución a fines de septiembre del 2022, la recibí con una fuerte penetración partidaria (…) Yo lo que he hecho es institucionalizar la Defensoría del Pueblo.
Tengo procesos de incorporación del personal a través de convocatorias públicas, le puedo mostrar en este momento en la página web tres convocatorias públicas, se puede postular cualquiera. No tenemos opción por ninguna situación política, absolutamente nada. Yo soy partidario de la diversidad y del pluralismo aquí al interior de la institución con el fuerte compromiso institucional de defensa de derechos humanos.
Lo primero que he hecho es acreditar, reacreditar a la institución como una institución nacional de derechos humanos, estatus A, que lo otorga el sistema de Naciones Unidas a través de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas (…)
Es importante dejar a la población una institución que pueda ser creíble. Por eso mi preocupación es que en este escenario de polarización, la institución se encuentre en fuego cruzado porque si no aportas a una posición, estás en contra. Esto puede eventualmente dañar a la institución, y sabe que la Defensoría del Pueblo es uno de los pocos bastiones institucionales que sí se ha mantenido en un nivel de equilibrio y con una mirada institucional. (…)
Ver lastimada la institución, a mí también me lastima en lo personal porque deja en una situación en la que la interlocución que es la fuerza fundamental de la institución, también se puede dañar en un contexto en el que estamos viviendo conflictividades que probablemente en los siguientes años no vayan a cesar.
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Fuente: ANF
