Nicanor Cochi sostiene que la protesta social debe diferenciarse de las medidas que afectan derechos de terceros y anunció que respaldará una iniciativa legislativa para establecer responsabilidades por los perjuicios económicos y sociales ocasionados durante los 53 días de bloqueos.
eju.tv / Video: Red América TV
El senador del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Nicanor Cochi, expresó este lunes su respaldo a la propuesta de crear una ley de responsabilidad por los bloqueos, con el objetivo de establecer mecanismos legales para investigar y sancionar las afectaciones económicas y sociales provocadas por medidas de presión que paralicen el país y vulneren derechos de la población.
El legislador señaló que la iniciativa, presentada por el diputado Manolo Rojas, busca abrir un debate legislativo sobre las consecuencias que generan los bloqueos prolongados y consideró que el país necesita contar con un marco normativo que permita establecer responsabilidades cuando este tipo de conflictos ocasionen daños al aparato productivo, al abastecimiento y a la economía nacional.
«Hay un diputado que presentó una ley de responsabilidad por bloqueos y hay que trabajarla. Seguramente, una vez aprobada, seguirá el curso que corresponde. El país necesita mecanismos que permitan establecer responsabilidades cuando estas medidas ocasionan perjuicios a la población», afirmó Cochi.
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El senador sostuvo que las investigaciones relacionadas con los recientes conflictos deben desarrollarse con imparcialidad y dentro del marco de la ley, al tiempo de señalar que las denuncias presentadas por ciudadanos, empresarios y otros sectores afectados deben seguir el curso previsto por la legislación vigente.
El senador del PDC, Nicanor Cochi. Foto: captura de pantalla
«El Gobierno puede asumir una posición, pero las personas particulares tienen el derecho de presentar las denuncias que consideren necesarias. Los empresarios que sufrieron pérdidas y quienes resultaron afectados están en su pleno derecho de acudir a la justicia», manifestó.
Cochi consideró que una normativa de esta naturaleza no debe interpretarse como una limitación al derecho a la protesta, sino como un mecanismo para diferenciar las demandas sociales legítimas de aquellas acciones que afecten derechos fundamentales de terceros y frenando el desarrollo económico.
En ese sentido, sostuvo que las organizaciones sociales deberían concentrar sus esfuerzos en impulsar proyectos de desarrollo e inversión para sus regiones.
«Las organizaciones campesinas deberían preocuparse por gestionar carreteras, sistemas de riego, mejoramiento ganadero, saneamiento y titulación de tierras. Esa es la agenda que fortalece a las comunidades y contribuye al desarrollo del departamento», señaló.
El legislador afirmó que el departamento de La Paz fue uno de los más afectados por los recientes bloqueos y anunció que también impulsará iniciativas orientadas a la reactivación económica, con el propósito de promover inversiones y fortalecer el desarrollo productivo de la región.