El diputado Carlos Alarcón informó que las primeras conclusiones de la investigación legislativa identifican presuntas responsabilidades en el caso de la gasolina desestabilizada y revelan que parte del control de calidad se realizaba de manera visual, además de haberse emitido certificados con observaciones técnicas.
eju.tv / Video: Unitel
La comisión especial de investigación de la Cámara de Diputados que indagó el caso de la gasolina desestabilizada afirmó haber identificado presuntas responsabilidades en la importación y comercialización del combustible, además de detectar graves deficiencias en los controles de calidad aplicados por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). El diputado Carlos Alarcón, integrante de esa comisión, aseguró que parte de las verificaciones se realizaban ‘a ojo’ y que se emitían certificados técnicos pese a observaciones sobre su contenido.
Según explicó el legislador, las primeras conclusiones del informe establecen que funcionarios encargados del control de calidad efectuaban verificaciones visuales del combustible y que, en algunos casos, se aceptaban certificaciones que presentaban observaciones respecto a parámetros técnicos exigidos por la normativa. Añadió que esos hallazgos forman parte de un informe legislativo que será remitido para el tratamiento correspondiente y, posteriormente, a las instancias competentes.
“En una parte del informe dice que la gasolina desestabilizada o la que se llama basura, funcionarios de la ANH y YPFB hacían el control al ojo porque solo verificaban el color y el aspecto de la gasolina. Y uno de los encargados de la verificación era electricista, o sea, no era especialista en química para hacer adecuadamente esta verificación entre otros hallazgos, sobre todo a los certificados de calidad”, denunció.
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Alarcón señaló que la investigación también identificó como posibles responsables a exautoridades nacionales y exejecutivos de YPFB por decisiones que, según la comisión, habrían permitido la internación y comercialización de combustibles sin cumplir plenamente los controles de calidad. Asimismo, mencionó observaciones relacionadas con certificados emitidos para gasolina y diésel que carecían de información sobre algunos parámetros técnicos requeridos.
“Se constató mediante la declaración del Ministerio Público que el personal técnico de YPFB encargado de los controles carecía de la especialidad requerida”, reza parte del informe de la comisión.
Un funcionario de la ANH revisa un camión cisterna. Foto: Unitel
Entre los antecedentes expuestos por la comisión figura información proporcionada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), según la cual parte del combustible era comercializado antes de completarse la verificación documental de los certificados de calidad. El informe también advierte observaciones sobre contratos de importación y posibles fluctuaciones en los montos pagados por concepto de ‘premio’, aspectos que la comisión considera deben ser investigados por las autoridades competentes.
Paralelamente al informe en cuestión, publicaciones periodísticas señalan que la Fiscalía habría emitido una orden de aprehensión contra el exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, investigado por presuntas irregularidades vinculadas a la importación y comercialización de combustibles que habrían generado un millonario perjuicio al Estado.
El Potosí señala que la decisión del Ministerio Público se produce luego de que una comisión legislativa concluyera su investigación y presentara un informe con duras observaciones sobre la actuación de Medinacelli, documento calificado por legisladores como lapidario, que identifica presuntas responsabilidades y recomienda que las investigaciones penales avancen hasta establecer todas las responsabilidades.
Con la orden de aprehensión ya emitida, según el periódico potosino, se espera que el Ministerio Público ejecute la medida para que Medinacelli preste su declaración y continúe el proceso investigativo. Paralelamente, la expectativa se centra en determinar si la investigación alcanzará a otros exfuncionarios, autoridades o particulares que hubieran participado en las decisiones cuestionadas, en un caso que ha generado fuerte controversia por la presunta distribución de combustibles de baja calidad.
