Abraham Nogales, presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), advirtió que la situación pone en riesgo la seguridad alimentaria del país.
Por: eju.tv / Video: Que No Me Pierda
El sector productivo definió un «rotundo no» al Decreto Supremo 5676 que establece el nuevo régimen de diésel para los grandes consumidores. En contrapartida, el Gobierno descartó su abrogación y se abrió a realizar ajustes en el reglamento.
Abraham Nogales, presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), afirmó que la norma no está cumpliendo sus objetivos porque las filas por combustible en los surtidores se mantienen y el diésel no llega a las zonas productivas.
«En el congreso (de los productores) le dimos un rotundo no rechazando el decreto 5676, creemos que está mal concebido, no está logrando los objetivos ni de provisión de diésel ni de levantar la subvención», dijo.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
El representante de los productores advirtió que la situación pone en riesgo la seguridad alimentaria del país.

El Gobierno ha descartado su abrogación, sin embargo, se abrió a realizar ajustes por ejemplo en la reglamentación, pero aclaró que no hay vuelta atrás.
El presidente Rodrigo Paz se pronunció sobre este tema en una reunión con los alcaldes del país en La Paz. «Este decreto se puede mejorar, pero no se puede retroceder, porque si no nos estaríamos engañando», dijo el mandatario.
Por su lado, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, explicó que el país enfrenta una fuerte presión financiera debido a la diferencia entre el costo de importación de los combustibles y el precio al que se comercializan en el mercado interno.
Señaló que esta situación obligó al Gobierno a reforzar el respaldo del Tesoro General de la Nación (TGN) de Bs 1.000 millones a Bs 2.000 millones para garantizar las compras de carburantes.
«Hoy le cuesta 16 bolivianos importar un litro de diésel y lo estábamos vendiendo en 9.80. Ese diferencial es parte de un problema ya estructural que tenemos como YPFB y como país», indicó a la red UNO.
En esa línea, el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, planteó trabajar en las normas complementarias para buscar una solución.