Autoridades cruceñas exigen que el Gobierno tome medidas concretas ante la inseguridad y los hechos de violencia registrados en Santa Cruz. Durante esta semana se reportó crímenes en San Matías, Yapacaní y San Ignacio.
La escalada de hechos violentos vinculados al crimen organizado registrados en los últimos días en Santa Cruz generó pronunciamientos de autoridades departamentales y representantes cívicos, quienes exigieron al Gobierno nacional acciones concretas para frenar el avance del crimen organizado y reforzar la seguridad ciudadana.
La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, María René Álvarez, expresó su preocupación por el incremento de asesinatos registrados en distintos municipios del departamento y pidió una respuesta inmediata del Estado.
«Expreso mi profunda preocupación por la alarmante escalada de hechos violentos que vive nuestro departamento. Se han registrado nueve asesinatos en apenas cinco días (en Santa Cruz), varios de ellos con características propias del sicariato y del crimen organizado«, señaló la autoridad a través de sus redes sociales.
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A nivel departamental, se registró hechos de inseguridad en municipios como San Ignacio de Velasco, San Matías y Yapacaní, donde se reportaron muertes violentas en los últimos días. Ante esta situación, Álvarez pidió fortalecer la inteligencia policial, incrementar los controles en zonas fronterizas y profundizar la lucha contra las organizaciones criminales.
«Estos hechos exigen una respuesta inmediata y coordinada del Estado. Exigimos al Gobierno nacional la adopción urgente de medidas preventivas y el fortalecimiento de la seguridad interior del Estado», afirmó.
La titular de la ALD también demandó que la Policía Boliviana y el Ministerio Público cuenten con los recursos necesarios para investigar los crímenes, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.
«Es indispensable reforzar la Inteligencia policial, intensificar el control de fronteras, combatir con firmeza a las organizaciones criminales y garantizar que el Ministerio Público y la Policía Boliviana cuenten con los recursos necesarios para investigar, identificar y llevar ante la Justicia a los responsables», manifestó.
La legisladora departamental advirtió que la violencia no puede convertirse en una amenaza constante para la población y remarcó que las instituciones deben actuar para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
«No podemos permitir que el miedo sustituya a la libertad, ni que la violencia organizada pretenda imponerse sobre el Estado de Derecho. La seguridad ciudadana no admite indiferencia ni demora: requiere decisión, coordinación institucional y acciones concretas. Santa Cruz es tierra de trabajo, producción y esperanza, y así debe seguir siendo», sostuvo.
Comité pro Santa Cruz cuestiona demora en acciones contra el crimen
Desde el Comité pro Santa Cruz, el vicepresidente, Agustín Zambrana, también cuestionó la respuesta estatal frente al incremento de hechos violentos y recordó los compromisos asumidos meses atrás para enfrentar al crimen organizado.
Zambrana señaló que el pasado 2 de mayo, durante una reunión en la institución cívica, autoridades nacionales, departamentales, municipales y representantes de la Justicia anunciaron una respuesta inmediata y la convocatoria al Consejo Nacional de Seguridad.
Sin embargo, cuestionó que la primera reunión de esta instancia recién se haya realizado el 30 de julio, casi tres meses después del compromiso inicial.