La implementación de mayores controles y la articulación de fuerzas aspira a convertirse en un modelo de seguridad para toda la región en el que se demuestre que la lucha contra el crimen no conoce fronteras y requiere de acciones conjuntas y sostenidas en el tiempo para garantizar la paz y el orden en las zonas más afectadas.
eju.tv / Video: BTV
Bolivia y Brasil oficializan este jueves el lanzamiento del plan binacional ‘Frontera Segura’, una estrategia que prevé operativos permanentes y acciones articuladas entre las fuerzas policiales de ambos países. Los primeros puntos de intervención prioritaria serán las ciudades fronterizas de Guayaramerín, Cobija, San Matías y Puerto Suárez, consideradas las más golpeadas por la violencia y el crimen organizado.
La decisión responde a la escalada de violencia que se ha registrado en los últimos meses en las fronteras, donde operan organizaciones criminales como el PCC y el Comando Vermelho dedicadas al narcotráfico y otros delitos.
Con la presencia del presidente Rodrigo Paz, ministros y comandantes policiales y militares, ‘Frontera Segura’ se activará formalmente este jueves 13 de agosto en Guayaramerín, con el propósito de establecer un cerco estratégico que permita desarticular las redes delictivas que operan en la zona y recuperar el control de los pasos fronterizos más vulnerables.
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Las operaciones tendrán un carácter permanente y no se limitarán a acciones aisladas. Según las autoridades, el plan se concentrará en los puntos críticos o «zonas rojas» de la frontera, que abarcan también regiones de Santa Cruz, Beni y Pando.
El objetivo central es frenar la ola de violencia, recuperar el control territorial y brindar seguridad a las poblaciones que viven en estas áreas, que han sido escenario de sicariatos, narcotráfico y otros ilícitos que afectan la estabilidad de ambos países.
Con ‘Frontera Segura’, Bolivia y Brasil buscan enviar un mensaje contundente contra el crimen organizado, y así reforzar la cooperación binacional y la inteligencia policial. La implementación de mayores controles y la articulación de fuerzas aspira a convertirse en un modelo de seguridad para toda la región en el que se demuestre que la lucha contra el crimen no conoce fronteras y requiere de acciones conjuntas y sostenidas en el tiempo para garantizar la paz y el orden en las zonas más afectadas.