La iniciativa legal consta de 103 artículos que apuntan a establecer un nuevo marco para promover la inversión nacional y extranjera en Bolivia, con seguridad jurídica, reglas claras y una visión de largo plazo orientada a fortalecer la producción y generar empleo de calidad.
La sesión de la mesa técnica de trabajo de la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados. Foto: Ministerio de Economía
Por eju.tv / La Paz
Con la participación de representantes del Ministerio de Economía, la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados conformó una mesa técnica de trabajo para analizar el proyecto de Ley de Inversiones.
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En representación del Ministerio de Economía participaron el viceministro del Tesoro y Crédito Público, Christian Morales, y la directora General de Asuntos Jurídicos, Nilka Barreda.
Desde el Ministerio de Economía se destacó la conformación de la mesa técnica y afirmó que “este espacio de diálogo y coordinación interinstitucional es fundamental para analizar detalladamente los aspectos técnicos de esta normativa en beneficio del desarrollo económico del país”.
Remitido por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea Legislativa el 11 de agosto, el proyecto de Ley de Inversiones consta de 103 artículos que apuntan a establecer un nuevo marco para promover la inversión nacional y extranjera en Bolivia, con seguridad jurídica, reglas claras y una visión de largo plazo orientada a fortalecer la producción y generar empleo de calidad.
Uno de los componentes centrales de la propuesta es fortalecer la seguridad jurídica y reducir la discrecionalidad política sobre las inversiones.
En esa dirección, el proyecto establece que las decisiones sobre nacionalización o expropiación no podrán ser asumidas unilateralmente por una autoridad del Órgano Ejecutivo, sino que deberán ser sometidas a consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional, incorporando además el reconocimiento del valor patrimonial correspondiente.
Con ello, la propuesta busca otorgar previsibilidad al inversionista bajo reglas conocidas, igualdad ante la ley y un relacionamiento de buena fe con el Estado, dentro de los límites establecidos por la Constitución Política del Estado.
Se propone también la creación de la Agencia Nacional de Inversiones, que tendrá la responsabilidad de articular los esfuerzos de las instituciones públicas del nivel central y de los gobiernos subnacionales en materia de regulación, promoción y estrategia de atracción de inversiones.
Esta nueva institucionalidad tendrá entre sus tareas la elaboración de un Plan Nacional de Inversiones, una Estrategia Nacional de Priorización de Inversiones y una Estrategia de Promoción de Inversiones en el exterior.