El abogado Juan Cañaviri anunció el inicio de acciones contra fiscales y policías y sostiene que tres vehículos secuestrados no pertenecen al exministro. Murillo ya enfrenta un juicio oral por legitimación de ganancias ilícitas, iniciado en julio.
eju.tv / Video: RRSS
La defensa del exministro de Gobierno Arturo Murillo anunció acciones legales contra fiscales y policías a los que acusa de haber cometido presuntas irregularidades durante el allanamiento de un inmueble vinculado con su cliente, dentro del proceso por legitimación de ganancias ilícitas que actualmente se encuentra en etapa de juicio oral.
El abogado Juan Cañaviri sostuvo que durante el operativo fueron secuestrados tres vehículos, pese a que, según su versión, solo uno pertenecería al exministro de la gestión de Jeanine Áñez y los otros dos serían de propiedad de familiares. “Solamente un vehículo era de propiedad del señor Arturo Murillo, sin embargo, de manera ilegal, de manera abusiva, una vez más se han llevado los tres vehículos”, afirmó Cañaviri.
El jurista también cuestionó que los vehículos continúen bajo secuestro desde el allanamiento realizado en mayo de 2021. “El Código de Procedimiento Penal establece que el secuestro no puede durar más de 10 días. Sin embargo, desde el 27 de mayo de 2021 hasta esta fecha ya han transcurrido más de cinco años”, señaló.
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El estado de la casa del exministro Arturo Murillo en Tquipaya, Cochabamba. Foto: RRSS
La defensa anunció que solicitará el levantamiento de las medidas sobre los bienes y que recurrirá a las instancias correspondientes para cuestionar las actuaciones de los funcionarios que participaron en los operativos. “Yo voy a tramitar el des secuestro de todos los objetos que han sido secuestrados de manera ilegal”, afirmó Cañaviri.
Cañaviri confirmó que durante el allanamiento fueron encontradas armas de fuego y sostuvo que Murillo contaba con autorización para portar armas. Según su versión, se encontraron dos pistolas calibre 9 milímetros y una escopeta, elementos que permanecen secuestrados. “El señor Arturo Murillo tenía autorización para portar armas porque en el expediente de legitimación de ganancias ilícitas está eso; sin embargo, las armas siguen todavía secuestradas”, afirmó el abogado.
La existencia de las armas y su eventual relación con el proceso deberán ser determinadas por las autoridades competentes. La declaración de la defensa, por sí sola, no acredita que su secuestro haya sido ilegal ni que las armas estén desvinculadas de la investigación.
La defensa denuncia que la casa de Arturo Murillo fue saqueada. Foto: RRSS
El cuestionamiento de la defensa se produce mientras Murillo enfrenta en Bolivia un juicio oral por legitimación de ganancias ilícitas.
La Fiscalía presentó acusación formal contra Murillo y otros implicados en enero de 2024. Según los antecedentes oficiales del Ministerio Público, la investigación se relaciona con presuntos movimientos económicos vinculados con recursos provenientes de la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos para la Policía durante 2019 y 2020.
El juicio oral fue instalado el 23 de julio de 2026. En esa oportunidad, la defensa cuestionó la auditoría forense utilizada en la investigación, particularmente porque revisó el patrimonio de Murillo desde 1993 hasta 2020. La defensa sostiene que parte de ese período corresponde a actividades empresariales desarrolladas antes de que Murillo ingresara a la política.
Otro de los ambientes de la vivienda de la exautoridad. Foto: RRSS
Cañaviri sostuvo que Murillo ya fue condenado en Estados Unidos por hechos relacionados con el manejo de recursos vinculados al caso de los gases lacrimógenos y planteó que esa situación debe ser considerada en el proceso boliviano.
“La Constitución no permite el doble juzgamiento ni el doble procesamiento, por el mismo hecho, por los mismos sujetos procesados”, afirmó.
Sin embargo, la sola existencia de una condena en Estados Unidos no determina automáticamente que el proceso boliviano deba concluir. La aplicación del principio de non bis in idem requiere establecer si existe identidad entre la persona, los hechos y el fundamento jurídico de los procesos, aspecto que corresponde definir a la autoridad jurisdiccional.
La vivienda luce abandonada. Foto: RRSS
Murillo fue condenado en Estados Unidos en 2023 por lavado de dinero y soborno en un caso relacionado con la compra de gases lacrimógenos para Bolivia. Posteriormente regresó al país tras cumplir su condena y actualmente enfrenta procesos pendientes en la justicia boliviana.
Cañaviri anunció finalmente que presentará una denuncia penal contra funcionarios del Ministerio Público y efectivos policiales que, según su versión, participaron en el allanamiento y habrían excedido las facultades establecidas en la orden judicial. “No se ha cometido solamente una falta disciplinaria. Esto se constituye delito”, afirmó.
El abogado indicó que primero verificará la identidad de todos los funcionarios que intervinieron en el operativo antes de formalizar las acciones anunciadas. La denuncia anunciada por la defensa deberá ser contrastada con la documentación del allanamiento, la orden judicial, las actas de secuestro y los informes de los investigadores para establecer si existieron o no irregularidades.