De acuerdo con el informe, se establece que las otras siete gobernaciones —La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Tarija, Beni y Pando— no cuentan con programas especializados y permanentes, y su respuesta al problema se limita a albergues generales o acciones esporádicas.

La Defensoría del Pueblo, mediante el informe “Derechos a la intemperie”, reveló este domingo que solo las gobernaciones de Cochabamba y Santa Cruz cuentan con programas específicos de protección a la niñez en situación de calle, es decir solo dos de las nueve que existen en el país.
De acuerdo con el informe, se establece que las otras siete gobernaciones —La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Tarija, Beni y Pando— no cuentan con programas especializados y permanentes, y su respuesta al problema se limita a albergues generales o acciones esporádicas.
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En Chuquisaca, por ejemplo, el centro especializado “Jesús de Nazareth” cerró en 2023, mientras que el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) de La Paz informó que no cuenta con un programa específico para esta población.
La investigación evidencia, además, importantes reducciones presupuestarias destinadas a esta población. En Cochabamba se identificó el “Programa para personas en situación de calle drogodependientes”, que atiende a esta población en el Centro Multimodal Playa Ancha.
En este contexto, la Defensoría del Pueblo recordó que la protección especial de la niñez requiere respuestas departamentales sostenidas, con programas especializados y recursos suficientes.
Falta de datos
El mismo informe dio cuenta que la falta de datos sobre la niñez en situación de calle limita la protección que se le puede ofrecer.
El último registro oficial de personas en situación de calle en Bolivia fue realizado hace 12 años, en 2014, y no ha sido actualizado. “Esta ausencia de información limita la posibilidad de dimensionar el fenómeno, planificar respuestas oportunas y diseñar políticas públicas sostenibles”, señala el informe.
La falta de registros diferenciados también se evidencia en distintas instituciones. El Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS) no cuenta con variables que permitan identificar si una atención corresponde a una niña, niño o adolescente en situación de calle.
De igual manera, el Ministerio de Educación, el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) y el Servicio de Registro Cívico (SERECI) no cuentan con registros diferenciados para esta población.
“Aquello que no se mide, no se planifica; aquello que no se registra, no se prioriza”, mencionó la Defensoría del Pueblo.
