La entrada en vigencia de la Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2026 abre una oportunidad que Bolivia no puede desperdiciar; es hora de tomar decisiones. La norma ordena evaluar técnicamente, en un plazo de 30 días, a las empresas públicas del nivel central y recomendar, en cada caso, su continuidad, reorganización, disolución o liquidación. No dispone cierres automáticos, pero obliga al Estado a enfrentar una realidad que durante años fue postergada: determinar cuáles empresas son estratégicas y sostenibles, cuáles pueden recuperarse y cuáles ya no justifican seguir consumiendo recursos públicos.
Bolivia tiene actualmente 67 empresas públicas. Según el último informe oficial de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), el conjunto de estas entidades acumula pérdidas por Bs 12.742,8 millones. Dentro de ese universo, 15 empresas consideradas críticas concentran pérdidas por Bs 5.177,1 millones y han comprometido más de Bs 26.530 millones en créditos, aportes de capital y donaciones.
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Este proceso de evaluación no puede ser un trámite ni otro informe destinado nuevamente a archivarse. En 30 días se debe hacer una clasificación rigurosa con la información que ya existe: cuánto se invirtió, cuánto producen, cuánto deben, qué transferencias reciben y qué resultados entregan. Es imperativo y responsable realizar todo lo necesario para tomar decisiones.
El principio debe ser claro: el Estado no debe competir con el sector privado en actividades que los ciudadanos y las empresas pueden desarrollar eficientemente y bajo su propio riesgo. Su función es garantizar seguridad jurídica, infraestructura, servicios esenciales y reglas iguales para invertir, producir y generar empleo; no usar recursos públicos para desplazar a quienes arriesgan su patrimonio y aportan al desarrollo del país.
Un gran número de empresas estatales fueron creadas durante las gestiones del MAS. La gran mayoría nacieron de decisiones políticas, sin estudios serios de factibilidad ni un modelo sostenible, solo con un fin ideológico. Cuando una empresa gasta más de lo que genera y necesita transferencias permanentes, deja de ser herramienta de desarrollo y es una carga y endeudamiento para todos los bolivianos.
Esto no significa que el Estado deba retirarse de toda actividad empresarial. Bolivia puede conservar empresas estratégicas vinculadas a recursos naturales, energía, infraestructura crítica o servicios, pero lo estratégico no puede ser excusa para tolerar burocracia, corrupción, duplicación de funciones o pérdidas indefinidas. Una empresa pública estratégica debe actuar con visión empresarial: directorios profesionales, gerentes elegidos por mérito, auditorías externas, metas verificables y estados financieros públicos. Si requiere una subvención por cumplir una función social, esta debe ser excepcional, transparente y cuantificada; nunca una cobertura automática de ineficiencias.
La evaluación debe conducir a decisiones concretas. Las estratégicas y sostenibles deben continuar bajo una gestión eficiente. Las recuperables deben reestructurarse, reduciendo gastos, cargos innecesarios y filiales duplicadas. Las viables, pero no estratégicas, deben transferirse, concesionarse o abrirse a inversión privada mediante procesos públicos y competitivos: la alternativa a la ineficiencia estatal no puede ser la adjudicación discrecional o dirigida. Y las que no sean estratégicas ni viables deben cerrarse definitivamente.
Mantener una empresa deficitaria solo para evitar una decisión difícil aumenta sus deudas y encarece su liquidación futura. Cerrar, transferir o concesionar no es una consigna ideológica, sino una decisión responsable cuando el Estado no tiene razones para operar una actividad o ha demostrado que no puede administrarla eficientemente.
Bolivia necesita un Estado fuerte, pero no un Estado empresario en todos los sectores. Fuerte para regular, fiscalizar, prestar servicios esenciales y generar condiciones de inversión; estratégico donde corresponda y responsable con cada recurso público. El informe que emita OFEP debe publicarse íntegramente y que el Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública fundamente cada decisión que tome sobre el tema. Los ciudadanos que sostienen estas empresas con sus impuestos y tienen derecho a saber cuáles rinden y cuáles no. No se trata únicamente de malos resultados contables: son recursos de todos los bolivianos que podrían destinarse a salud, educación, seguridad o infraestructura.