La Sala Constitucional Tercera del Tribunal de La Paz concedió el jueves la tutela solicitada en la Acción Popular interpuesta por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, contra la Alcaldía y La Paz Limpia.
Por: eju.tv /
La ciudad de La Paz puede respirar. Un fallo constitucional estableció que ya no se podrá suspender más el recojo de basura tal como sucedió en el conflicto por el incremento de las tarifas que dejó a las calles de la urbe llenas de basura.
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz concedió el jueves la tutela solicitada en la Acción Popular interpuesta por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, contra la Alcaldía de La Paz y la empresa de aseo urbano La Paz Limpia, por la interrupción del servicio de recojo de residuos sólidos en el municipio.
«La población paceña tiene hoy una garantía para la protección de su salud y salubridad. La Sala Constitucional Tercera concedió la tutela solicitada en la Acción Popular que interpuse como Defensor del Pueblo ante la interrupción del servicio de recojo de residuos sólidos en La Paz», señaló Callisaya.
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«La resolución dispone que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y La Paz Limpia concluyan el recojo de residuos y, bajo el principio precautorio, eviten que este servicio esencial vuelva a interrumpirse», añadió.
Fallo
La resolución dispone que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y la empresa La Paz Limpia «concluyan el aseo de la urbe del municipio de La Paz con el recojo de residuos sólidos», de acuerdo con sus respectivas atribuciones y competencias.
Asimismo, en aplicación del principio precautorio, determina que los codemandados «no repitan la interrupción del servicio de aseo, recojo de basura y tratamiento de residuos sólidos», conforme a sus competencias, atribuciones y obligaciones.
Conflicto
Durante 15 días, las calles de La Paz quedaron inundadas de desechos debido al paro de los trabajadores de aseo urbano.
El conflicto entre la Alcaldía y la empresa La Paz Limpia terminó la noche del martes, cuando se firmó un acuerdo con mediación de la Iglesia y las autoridades regionales.
El Defensor dijo que ahora ambas instancias «deberán informar a la Sala Constitucional y a la Defensoría del Pueblo sobre el cumplimiento de la determinación».
«Es un paso importante para proteger los derechos de la población. Desde la Defensoría del Pueblo seguiremos vigilantes para que esta decisión se cumpla y el servicio sea garantizado», señaló.